HRW critica que las sanciones impuestas al antiguo secretariado de las Farc no garanticen una limitación real de la libertad.
La primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exlíderes de las Farc por secuestros cometidos entre 1993 y 2016 continúa generando controversia. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría ser sometido a revisión por tribunales internacionales.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reconoció la importancia histórica de que el antiguo secretariado de las Farc haya sido declarado responsable por crímenes de guerra y lesa humanidad. “Es un logro significativo, no solo por la atribución de responsabilidad internacional, sino porque el último secretariado reconoce su culpa y abandona la justificación previa de ‘retenciones con fines económicos’”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.
No obstante, HRW cuestiona que las sanciones no garanticen una verdadera limitación de la libertad. “Lo que se anunció ayer es un sistema de vigilancia electrónica, pero no está claro que se trate de un brazalete ni que exista un perímetro territorial definido, tal como exige el acuerdo de paz”, señaló Goebertus.
¿Qué estipula el Acuerdo de Paz sobre este tipo de sanciones?
La representante de Human Rights Watch recordó que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 establece que los máximos responsables deben cumplir penas de entre cinco y ocho años con una restricción efectiva de la libertad, dentro de espacios territorialmente delimitados, y acompañadas de labores restaurativas.
“El problema es que el debate público se ha enfocado únicamente en el aspecto restaurativo de las sanciones, dejando de lado que el acuerdo también contempla un componente retributivo”, advirtió.
Goebertus reiteró que, sin una delimitación territorial precisa y un sistema de vigilancia riguroso, Colombia podría estar violando los compromisos adquiridos en el marco del derecho internacional.
¿Qué posibilidades se abren en el ámbito internacional?
De acuerdo con Human Rights Watch, si la JEP no ajusta el contenido de las sanciones durante el proceso de apelaciones, podrían activarse dos caminos a nivel internacional. El primero sería la eventual reapertura del examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que fue cerrado en 2021 bajo el compromiso de que Colombia aplicaría sanciones proporcionales y efectivas. El segundo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe si las medidas impuestas son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Hay mecanismos internacionales que pueden entrar en juego. Lo que se revisará en la próxima etapa es si las sanciones guardan proporcionalidad con la gravedad de los crímenes (…) porque las violaciones graves de derechos humanos requieren castigos acordes con el daño causado”, subrayó Goebertus.
La sentencia de la JEP, que impuso ocho años de “restricción de derechos” a siete excomandantes de las Farc, sigue vigente, pero las víctimas y sus representantes podrán presentar apelaciones en los próximos días.