Recordó que, al haber sido absuelto en primera instancia, Santiago Uribe conserva el derecho a impugnar la sentencia condenatoria.
El Tribunal Superior de Antioquia impuso en segunda instancia una pena de 28 años de prisión a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tras hallarlo responsable de los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado, en el marco de hechos vinculados al grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, activo en Yarumal y otras localidades del norte de Antioquia.
En conversación con Mañanas Blu, Juan Felipe Amaya, miembro del equipo jurídico de Uribe, calificó la decisión como “una injusticia mayúscula” y reiteró que su defendido es inocente.
Amaya afirmó haber revisado el fallo, que supera las 300 páginas, y precisó que cerca de 160 contienen las consideraciones del tribunal. Al respecto, sostuvo que la sentencia “impone 28 años de cárcel a un ciudadano inocente” y subrayó nuevamente que “Santiago Uribe es un ciudadano inocente”.
Agregó que su postura no obedece a un interés personal, sino al estudio que ha realizado del expediente durante 15 años. Según afirmó, “el material probatorio demuestra que la acusación formulada durante la administración del fiscal Eduardo Montealegre carece de sustento y se construyó a partir de testigos falsos”.
Respecto a la decisión absolutoria de primera instancia, Amaya señaló que el juez analizó el caso durante aproximadamente tres años y concluyó que los cuatro testigos directos que “presuntamente vinculaban” a Uribe con el grupo Los Doce Apóstoles y con un homicidio no eran confiables.
En cuanto a los cuatro exjefes paramilitares citados por el tribunal —Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra, Daniel Rendón Herrera (alias ‘El Alemán’) y Diego Fernando Murillo (alias ‘Don Berna’)—, el abogado sostuvo que se trataba de “testigos de respaldo”, considerados indirectos u “oídas”, pues sus relatos se basaban en información supuestamente escuchada de terceros.
A juicio de Amaya, esos testimonios no tienen la solidez necesaria para fundamentar una condena si los declarantes directos fueron descartados por falta de credibilidad.
El abogado agregó que esos cuatro exjefes paramilitares fueron capturados, detenidos o extraditados “durante el gobierno del hermano del procesado” y afirmó que, según el expediente, ninguno asegura haber tenido contacto personal con Santiago Uribe ni puede situarlo en los hechos que se le atribuyen.
Amaya sostuvo que la sentencia del tribunal presenta “señales de alerta”, pues —a su juicio— contiene errores y refleja un análisis “poco profundo de la evidencia”. Subrayó que, tratándose de una condena tan severa, el estudio debía ser “absolutamente riguroso”, máxime cuando, de mantenerse la decisión, equivaldría prácticamente a una pena de por vida dada la edad del condenado.
Respecto a los efectos inmediatos del fallo, indicó que aún no existe una orden de captura ejecutable. Precisó que el propio tribunal supedita la detención a que la sentencia quede en firme. Como en la primera instancia hubo absolución, recordó que Santiago Uribe conserva el derecho a impugnar la condena.