La propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno ha generado alarma en varios sectores productivos del país, despertando preocupación por sus posibles impactos inflacionarios, recesivos y su efecto desalentador sobre la inversión.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó este lunes ante el Congreso el nuevo proyecto de reforma tributaria —la tercera iniciativa fiscal del actual Gobierno— con la que se busca recaudar 26,3 billones de pesos y asegurar “la estabilidad de las finanzas públicas”.
Durante la presentación, Ávila expresó su intención de que la propuesta se debata en paralelo con el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026, que contempla los recursos provenientes de esta reforma, denominada por el Gobierno como ‘Ley de Financiamiento’. Esta iniciativa ha sido objeto de críticas debido al alto nivel de gasto público y al déficit fiscal, que supera el 7 % del PIB.
“El objetivo es que se dé un debate serio y responsable, en el que se tengan en cuenta las voces de los distintos sectores sociales, políticos, empresariales y económicos del país”, añadió el ministro.
En julio, el ministro Germán Ávila presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 556,9 billones de pesos.
Paralelamente, la nueva propuesta de reforma tributaria ha generado inquietud en distintos sectores productivos del país, al advertir posibles efectos inflacionarios, riesgos de recesión y un freno a la inversión. Voceros de la industria petrolera, el comercio electrónico y el sector de licores han manifestado su preocupación, señalando posibles aumentos de precios, un incremento en la ilegalidad y una fuerte reducción en los ingresos regionales.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la Federación de Licores de Antioquia (FLA) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las medidas contempladas en la reforma podrían traducirse en un notable encarecimiento del costo de vida y un impacto negativo sobre el crecimiento económico del país.
Frank Perl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), advirtió sobre la gravedad de la situación, señalando que “los cálculos preliminares, aunque hechos de manera informal, son muy precisos. Con esta visión de la reforma tributaria del Gobierno, los colombianos que usualmente salen en bus, taxi o carro a tomar cerveza podrían verse obligados a quedarse en casa y beber agua”.
Las proyecciones indican un aumento significativo en el precio de los combustibles. En Bogotá, el galón de gasolina corriente, que hoy se encuentra alrededor de 16.293 pesos, podría subir primero a 17.330 y luego alcanzar los 18.000 pesos. En cuanto al diésel, se espera un incremento similar, pasando de 10.976 a 11.788 pesos por galón.
IVA a compras en el exterior
La reforma tributaria también propone corregir una desigualdad en el comercio electrónico que, según María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, representa un avance importante. Según explicó, esta medida busca “nivelar el terreno de juego tanto frente a la producción nacional como frente a quienes han invertido en el desarrollo de la industria del comercio electrónico en Colombia”.
Actualmente, la figura del “de minimis” permite que productos con un valor inferior a 200 dólares —especialmente provenientes de Asia— ingresen al país como paquetería sin pagar IVA. Esta interpretación ha sido utilizada de forma extensiva, a pesar de que originalmente la figura estaba diseñada para eximir únicamente del pago de aranceles. Como resultado, se ha generado una evidente desventaja para el comercio local y los productores nacionales.
La industria licorera, una de las más golpeadas
El sector licorero colombiano también se perfila como uno de los más afectados por la reforma tributaria propuesta. Esteban Ramos, presidente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), advirtió sobre la gravedad del impacto, no solo por el aumento del IVA del 5 % al 19 %, sino por un alza mucho más drástica en el impuesto al consumo, el cual se calcula según los grados alcoholimétricos. Este último tendría un incremento del 119 %.
Ramos ejemplificó el efecto con un dato concreto: el aumento sería de casi 15.000 pesos por cada botella de 750 mililitros. En el caso del aguardiente, una botella que hoy tiene un precio cercano a los 37.000 pesos para el distribuidor podría pasar a costar 52.000 pesos, lo que implicaría un incremento del 45 %. Para el consumidor final, este ajuste podría traducirse en un alza de hasta el 60 %.
Ramos cerró con una advertencia contundente: “Cuando las personas se enfrenten a precios excesivamente altos, el consumo se va a desincentivar. Eso implica que el Estado no logrará recaudar lo esperado por concepto del impuesto al consumo, y en cambio, se fomentará la búsqueda de alternativas ilegales para acceder a licores más baratos”.
Según el dirigente, esta situación no solo afecta la legalidad del mercado, sino que también podría alimentar el crecimiento del comercio ilícito de licores, con todos los riesgos que ello implica para la salud pública y la economía formal.
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