La subasta de expansión tiene como objetivo incorporar nuevos proyectos operativos en 2029 y 2030.
Aunque el Gobierno ha sido crítico con el mecanismo del cargo por confiabilidad —al señalarlo como uno de los factores que impulsa el alza en las tarifas que pagan mensualmente los usuarios—, ya se alista para realizar nuevas asignaciones bajo este esquema.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció la apertura de una subasta de expansión del cargo por confiabilidad, dirigida al periodo 2029-2030.
Este cargo funciona como una retribución económica a los proyectos de generación eléctrica que se comprometen a garantizar el suministro de energía firme, incluso en condiciones críticas como los periodos de sequía. Su financiación proviene del cobro mensual incluido en las facturas de los usuarios.
¿Para qué es la subasta?
El objetivo principal de esta subasta es asegurar que nuevos proyectos de generación eléctrica entren en operación entre 2029 y 2030, con el fin de garantizar el suministro de energía en el país, especialmente en escenarios críticos como los provocados por el fenómeno de El Niño, cuando las lluvias son escasas.
En las últimas semanas, distintos gremios del sector energético, junto con la Contraloría, han advertido al Gobierno sobre el riesgo de posibles apagones en 2029 si no se adelantaba una subasta de expansión que permitiera reforzar la capacidad energética.
Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), esta convocatoria incluye incentivos para promover tanto la entrada anticipada en operación de nuevos proyectos como el recambio tecnológico. También se abre la puerta a propuestas que aún no cuentan con capacidad de transporte asignada.
“Los proyectos que no tienen capacidad de transporte asignada recibirán información técnica suficiente para comprender mejor el impacto de su conexión al sistema y así poder presentar ofertas que reflejen adecuadamente sus riesgos”, explicó Antonio Jiménez, director de la Creg.
Paralelamente, el Gobierno prepara un proyecto de ley que será radicado en el Congreso con el fin de introducir cambios al funcionamiento actual del cargo por confiabilidad.