La junta directiva de Ecopetrol aclaró que tanto ella como el Comité de Auditoría desconocían el cambio en el alcance del contrato, así como el aumento en su valor.
La junta directiva de Ecopetrol afirmó que en ningún momento fue consultada sobre el otrosí —por un valor de 5,8 millones de dólares— suscrito con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo propósito era evaluar el impacto de la gestión del actual presidente de la compañía, Ricardo Roa, al frente de la estatal petrolera.
Mediante un comunicado oficial, la junta precisó que ni ella ni el Comité de Auditoría fueron informados del cambio en el alcance del contrato ni del aumento en su costo. Esta omisión llevó a que, en febrero de 2025, se ordenara la suspensión inmediata de las actividades asociadas a dicha modificación contractual.
Según el documento, Ecopetrol mantiene desde 2008 vínculos con firmas legales internacionales, especialmente para temas relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de su política de cumplimiento y control interno. En ese marco, la contratación inicial de Covington & Burling LLP fue aprobada por la Junta el 29 de agosto de 2024, a través de un proceso plural y sin la intervención del presidente Roa.
No obstante, la extensión del contrato —epicentro de la controversia— se llevó a cabo sin la aprobación de los órganos de gobierno corporativo. Ante esta situación, la junta directiva solicitó la realización de auditorías e investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido, garantizando el respeto al debido proceso. Además, advirtió que adoptará las medidas legales y administrativas necesarias una vez se conozcan los resultados de dichas indagaciones.
Asimismo, la junta directiva reiteró su plena disposición para colaborar con los organismos de control que adelantan investigaciones sobre este caso, y señaló que las acciones legales emprendidas tienen como objetivo proteger la integridad, la reputación y la transparencia de la compañía.
Por último, subrayó que esta situación no compromete la estabilidad financiera ni el funcionamiento operativo de Ecopetrol. Reafirmó su compromiso con la transparencia, el buen gobierno corporativo y la defensa del patrimonio público, asegurando que los planes de producción y crecimiento previstos para 2025 avanzan conforme a lo programado.