La audiencia se reanudará el viernes 13 de febrero entre las 8:30 a. m. y el mediodía, y se fijaron además otras fechas tentativas para su continuación.
Cuatro defensores solicitaron la nulidad de la imputación que la Fiscalía presentó contra el exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios en el proceso por el caso Aguas Vivas. Sostienen que el ente acusador no precisó la participación individual de cada uno de los señalados en las presuntas irregularidades relacionadas con el lote en cuestión.
La audiencia de acusación, que se extendió por dos horas, involucró al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a 12 procesados más por el supuesto negocio irregular del predio Aguas Vivas. Aunque la Fiscalía dice contar con alrededor de 4.000 documentos probatorios y ya había radicado el escrito de acusación el pasado 15 de noviembre, los abogados de al menos siete de los acusados insistieron en que la entidad no cumplió con los requisitos legales al no especificar el grado de responsabilidad de cada uno en los delitos imputados: presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
En esta ocasión, los abogados Juan Felipe Criollo, Astrid Carvajal, Santiago Trespalacios —defensor de cuatro de los implicados— y Luis Hernández, exmagistrado de la Corte Suprema y representante legal de Daniel Quintero, fueron quienes elevaron la solicitud de nulidad. Solo uno de ellos alcanzó a presentar sus argumentos antes de que la diligencia fuera suspendida. “Tengo la convicción profunda de que la imputación contra el señor exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, no cumple con los estándares jurisprudenciales sobre la determinación de los hechos jurídicamente relevantes”, afirmó Hernández.
Por su parte, la fiscal Yarlecy Mena solicitó que la defensa no incurra en maniobras que puedan retrasar el proceso y recordó que durante la etapa de formulación de cargos e imputación se resolvieron las inquietudes planteadas por cada acusado.
“La defensa ha intentado —con el mayor respeto lo digo— convertir esta fase de acusación en un espacio para replantear o cuestionar la legalidad de la audiencia de imputación, pese a que esta delegada aún no ha presentado la acusación. Ese debate no corresponde a esta etapa, es extemporáneo y jurídicamente improcedente”, señaló la fiscal.
A su vez, Juan Felipe Criollo, abogado de Karen Delgado —la única procesada ausente en la diligencia—, expuso lo que considera deficiencias en la imputación realizada por la fiscal Mena. “Si la Fiscalía insiste en imputar a estas personas, debe hacerlo conforme a lo establecido en las normas que rigen el procedimiento penal. Considero que esos requisitos no se han cumplido y, en consecuencia, procede plenamente la nulidad de la imputación”, afirmó.
Otro punto de discusión fue la solicitud de que el Distrito sea reconocido como víctima dentro del proceso, figura que ya ha sido aceptada en otros casos derivados de hallazgos de la pasada administración. Sobre este aspecto intervino en varias oportunidades Sebastián Naranjo Serna, abogado de la Alcaldía de Medellín.
Por ahora, la audiencia se reanudará el viernes 13 de febrero, entre las 8:30 a. m. y el mediodía. Además, quedaron previstas otras fechas tentativas para continuar con la diligencia: el martes 24 de febrero, así como el 17, 19 y 31 de marzo, todas en jornada de medio día.
Lo que se conoce del caso
En este controvertido proceso también aparecen vinculados nueve exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín. Entre ellos se encuentran Ingrid González, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Yina Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; y Karen Delgado, quien fue exsecretaria de Suministros y Servicios y también Secretaria General encargada.
Asimismo, dentro de los ya imputados están Sergio López, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación y Secretaria General encargada; Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; y Fabio Trujillo, exsecretario General del Distrito.
De acuerdo con la Fiscalía, el caso gira en torno a presuntas maniobras irregulares para favorecer a particulares en una conciliación prejudicial relacionada con el lote Aguas Vivas, un predio de más de 140.000 metros cuadrados ubicado en El Poblado. Los exservidores habrían intervenido el Plan de Ordenamiento Territorial para transformar la obligación de cesión gratuita en una compraventa, lo que habría generado un beneficio económico estimado en más de 40.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, entre 2020 y 2023 se habrían emitido actos administrativos que aumentaron el valor del predio y facilitaron que terceros pudieran obtener su titularidad a través de una conciliación prejudicial. La investigación señala que estas decisiones también habrían permitido que particulares proyectaran usos urbanísticos no autorizados para esa área. La audiencia de hoy será clave para definir el rumbo que tomará el proceso judicial.