El exalcalde de Medellín, junto con otras doce personas, deberá responder por un presunto negocio irregular en el que la Fiscalía asegura tener cerca de 4.000 pruebas documentales.
Este viernes marca un momento decisivo en el caso del lote Aguas Vivas: comenzará la audiencia de acusación, fase previa al juicio oral, contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras doce personas, investigadas por un presunto negocio irregular relacionado con el extenso terreno ubicado en una zona exclusiva de la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación afirma contar con cerca de 4.000 documentos como material probatorio dentro del proceso.
En horas de la tarde se instalará la audiencia de acusación contra Quintero y los demás investigados por el supuesto entramado de corrupción alrededor del lote Aguas Vivas, ubicado en el sector El Poblado de Medellín.
El caso avanza a la etapa de juicio después de que la Fiscalía General de la Nación presentara el escrito de acusación el pasado 16 de septiembre, en el que se señala al exalcalde como uno de los responsables de haber modificado de forma irregular el Plan de Ordenamiento Territorial para devolver a un tercero el megalote de más de 140.000 metros cuadrados.
Cabe recordar que en este controvertido caso también están incluidos nueve exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín. Entre ellos se encuentran Ingrid González, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Yina Pedroza, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad; Carlos Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; y Karen Delgado, quien fue exsecretaria de Suministros y Servicios y además secretaria general encargada.
Asimismo, ya fueron imputados Sergio López, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y también secretaria general encargada; Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; y Fabio Trujillo, exsecretario General de la Alcaldía de Medellín.
En su momento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó el avance del proceso, en el que, según dijo, algunos particulares habrían resultado beneficiados al reclamar para sí un lote avaluado en más de 40.000 millones de pesos, pese a que Aguas Vivas ya era un bien de naturaleza pública.
“Y se lo reitero: a Medellín la saquearon. Como alcalde y como ciudadano veo con buenos ojos el avance del proceso, en el que el Distrito ha sido reconocido como víctima. Ahora, con el escrito de acusación radicado y el caso entrando en etapa de juicio, es evidente que estas personas deben responder ante la justicia”, afirmó el mandatario local.
Es importante recordar que a Quintero, a nueve exfuncionarios y a tres particulares se les imputaron cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, pues, según la Fiscalía General de la Nación, habrían favorecido a privados con el lote Aguas Vivas.
Además, los elementos probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, los exfuncionarios habrían intentado otorgar un beneficio económico a los particulares al transformar la cesión gratuita del bien en una supuesta compraventa.
La abogada Gloria Jaramillo indicó que el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación consta de 144 páginas, en las cuales el ente investigador reúne testimonios y material probatorio que, según sostiene, evidenciarían las presuntas irregularidades relacionadas con el lote Aguas Vivas.
“El documento incluye más de 40 testimonios de personas vinculadas al proceso, además de cientos de pruebas documentales y periciales. Solo en el caso de Quintero, estamos hablando de más de 500 elementos probatorios”, señaló Jaramillo.
De cara a lo que ocurra en la audiencia de esta tarde, es relevante mencionar que, según la Fiscalía, el centro del caso estaría en que, presuntamente, el exalcalde de Medellín y su exsecretario General habrían expedido actos administrativos de forma irregular para incrementar el avalúo del terreno, entregarlo a particulares y permitir el desarrollo de actividades urbanísticas no autorizadas por el Plan de Ordenamiento Territorial.