La Policía afirmó que solo lamenta la muerte de sus cuatro agentes, mientras que, según una delegada, las demás víctimas eran integrantes de bandas criminales.
La delegada de la Policía de Río de Janeiro, Tahianne Moraes, defendió la operación contra la organización criminal Comando Vermelho, que dejó un saldo de 132 muertos. En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, Moraes explicó que la intervención fue una respuesta a grupos armados con “armas de guerra” y atribuyó parte de la violencia a una decisión judicial que, durante cinco años, prohibió el ingreso de la policía a las favelas.
El operativo, en el que también murieron cuatro policías y se detuvo a más de un centenar de personas, ha generado una intensa controversia en Brasil y fue descrito por las autoridades como un “golpe histórico” al narcotráfico.
Tahianne Moraes, quien estuvo al frente de la coordinación de los operativos, respondió a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones de derechos humanos. La delegada sostuvo que las muertes se produjeron durante enfrentamientos directos con los delincuentes.
“Son 132 individuos que dispararon contra nuestros policías con rifles. No se trata de armas pequeñas, sino de armas de guerra. Todos estaban armados y atacaron a nuestros agentes”, señaló.
La delegada insistió en que la policía actuó en legítima defensa y dentro del marco legal, negando que existiera una orden de “entrar a matar”.
“En Brasil, la ley no permite salir a matar. En ningún momento esa fue una decisión ni una orden de la policía. Si los agentes respondieron con disparos, fue porque antes habían recibido fuego de rifles”, explicó.
Moraes también aseguró que todas las víctimas pertenecían al Comando Vermelho.
“Los 132 eran miembros de la facción. Todos portaban rifles”, concluyó.
La prohibición judicial que fortaleció al Comando Vermelho
Tahianne Moraes atribuyó el aumento de la violencia y el poder alcanzado por el Comando Vermelho a una decisión judicial que, durante los últimos años, restringió las operaciones policiales en ciertas zonas de Río de Janeiro.
“¿Quién mató a estas personas? ¿Fue el narcotráfico? (…) Todo comenzó con una decisión histórica de nuestra Corte Constitucional, que prohibió las operaciones policiales en comunidades controladas por el comercio ilegal de drogas”, afirmó.
Según la delegada, esa restricción, vigente por cinco años, permitió que los grupos criminales se volvieran “más poderosos y más agresivos”, al punto de imponer sus propias reglas sobre la población.
La reciente operación, añadió, buscaba “poner fin a los dictámenes del crimen organizado” y recuperar el control estatal en esas áreas.
Polémica con Lula y el contexto del operativo
El operativo desató una fuerte controversia política en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró inicialmente “horrorizado” por los hechos; sin embargo, según la delegada Tahianne Moraes, el mandatario modificó su postura al conocer con mayor detalle la situación de violencia que vive Río de Janeiro.
“Lula cambió su discurso y aceptó un acuerdo con el gobierno de Río. Reconsideró su posición y reconoció su error. Los criminales no pueden seguir como están”, afirmó Moraes.
Tras la crisis, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, anunciaron la creación de un organismo conjunto para combatir el crimen organizado, que integrará fuerzas federales, civiles y militares.
En paralelo, el Tribunal Supremo Federal de Brasil abrió una investigación especial para determinar si la operación se realizó conforme a la ley o si se produjeron ejecuciones extrajudiciales.
El caso ha tenido amplia repercusión internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a comparar la operación con la Operación Orión, llevada a cabo en la Comuna 13 de Medellín en 2002.
Frente a las comparaciones y las preguntas sobre posibles abusos, Moraes insistió en que la operación se llevó a cabo con estricto respeto a los protocolos establecidos y aseguró que “todas las muertes ocurrieron durante enfrentamientos”.