Lo realmente delicado es que, luego de cuestionar la implementación del acuerdo de paz, Estados Unidos analiza si continuará respaldando la misión de verificación de la ONU.
Las repercusiones de la crisis diplomática con Estados Unidos, desencadenada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, trascienden las posibles represalias personales contra el mandatario o los miembros de su gobierno. Así lo evidencian dos hechos recientes que se han conocido en los últimos días.
El primero fue el fuerte pronunciamiento del embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Mike Waltz, durante la presentación del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc. En su intervención, Waltz acusó al gobierno de Petro de “socavar el progreso hacia una paz duradera” mediante políticas “irresponsables”, y criticó la “retórica incendiaria” del presidente durante su visita a Nueva York.
Lo más preocupante es que, tras estas críticas, Washington estaría reconsiderando su respaldo a la misión de verificación de la ONU del acuerdo de paz. Dado que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, su eventual decisión de retirar el apoyo podría poner en riesgo la continuidad de dicha misión.
La segunda consecuencia concreta de la crisis entre Colombia y Estados Unidos es la confirmación, por parte del gobierno estadounidense, del retiro de 150 equipos —entre pistolas, fusiles y sistemas antidrones— destinados a la seguridad presidencial. Aunque el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que esta medida no compromete en absoluto la protección del jefe de Estado, sí envía un mensaje claro en términos de soberanía y autonomía.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro continúa profundizando la distancia con Estados Unidos al cuestionar las políticas del expresidente Donald Trump respecto a Israel y la Franja de Gaza, así como la nueva estrategia contra los carteles del narcotráfico. Además, en la práctica, ha asumido una postura cercana al régimen de Nicolás Maduro, llegando incluso a afirmar que el plan en el mar Caribe tendría como objetivo apropiarse del petróleo venezolano.
Frente a las recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos —que evidencian que el deterioro de la relación bilateral puede afectar tanto la implementación del acuerdo de paz como la cooperación en materia de seguridad—, los colombianos le exigimos al presidente Gustavo Petro que, en los diez meses que le restan de mandato, actúe con responsabilidad de Estado. Es momento de dejar atrás el discurso de activista y asumir plenamente su rol como jefe de Estado, para representar y proteger los intereses de todos los colombianos. Urge priorizar la vía diplomática y mantener un canal de diálogo constructivo con las autoridades estadounidenses.