A pesar de que algunos exmilitares admitieron su responsabilidad ante la JEP, los mamos arhuacos creen que aún existen omisiones y medias verdades respecto a los crímenes perpetrados contra su comunidad en 1990.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia con exmiembros del Ejército implicados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta en 1990. Aunque algunos reconocimientos fueron presentados, los mamos y familiares de las víctimas expresaron su descontento, al considerar que persisten silencios y evasivas que impiden alcanzar una verdad completa.
El coronel (r) Luis Fernando Urrego admitió su responsabilidad en la tortura de los hermanos Amado y Vicente Villafañe, así como en el asesinato de tres líderes espirituales de la comunidad. Este reconocimiento se hizo en la última oportunidad para aportar a la verdad ante la JEP, que ahora debe decidir si el exmilitar continúa bajo la justicia transicional o es enviado a la justicia ordinaria.
Por otro lado, el mayor (r) Hernán Carrera también reconoció su implicación en los hechos y señaló al entonces capitán Pedro Antonio Fernández como uno de los responsables directos de las torturas, aunque este último ha negado su participación. Sin embargo, para los mamos arhuacos, las declaraciones de los comparecientes siguen siendo insuficientes, ya que consideran que no se ha aclarado completamente el cómo y por qué se cometieron estos crímenes, ni se ha establecido con precisión la cadena de mando que los permitió.
La JEP ha detectado posibles incumplimientos por parte de los exmilitares dentro del régimen de condicionalidad, al encontrar contradicciones y lagunas en las declaraciones presentadas durante la audiencia dialógica. De acuerdo con el tribunal, estas omisiones podrían poner en peligro los beneficios judiciales que los comparecientes obtienen en el marco de la justicia transicional.
En este contexto, las víctimas continúan exigiendo claridad y consistencia en los testimonios de quienes estuvieron involucrados en los crímenes.
“No quedamos conformes con las versiones ofrecidas por los militares”, señalaron los líderes arhuacos, enfatizando que sin un compromiso honesto y completo no se podrán asegurar la no repetición de los hechos ni una reparación efectiva para la comunidad.
COMPARTIRLuego de esta diligencia, se continuará con el trámite para decidir si los comparecientes incumplieron la prohibición constitucional de engañar o distorsionar de manera dolosa la verdad, lo que implicaría una falta al régimen de condicionalidad y la posible exclusión del Sistema… pic.twitter.com/buHMEYGwSX
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 30, 2025