Uno de los aspectos más preocupantes fue la finalización, en mayo de 2024, de un convenio con una organización no gubernamental que proporcionaba refugios temporales y atención especializada a víctimas adultas.
El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que Colombia no cumple con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas, a pesar de los avances realizados durante el último año. Por esta razón, el país fue relegado al Nivel 2 en la clasificación internacional que evalúa el progreso en la lucha contra este delito.
Según el documento, aunque el Gobierno colombiano incrementó las investigaciones sobre posibles casos y logró condenar a un mayor número de traficantes —incluyendo a dos funcionarios implicados—, estos esfuerzos no fueron considerados suficientes ni constantes en comparación con el periodo anterior. Washington reconoció la cooperación internacional en la captura de tratantes y en la incautación de bienes vinculados a la explotación, pero advirtió que persisten serias deficiencias en la atención integral a las víctimas.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la terminación, en mayo de 2024, de un convenio con una organización no gubernamental que proporcionaba refugios de emergencia y asistencia especializada a víctimas adultas. La cancelación de este acuerdo dejó sin atención aproximadamente al 85 % de las personas identificadas, en su mayoría mujeres y adultos, quienes ahora enfrentan un mayor riesgo de revictimización.
El informe también destaca que, desde 2018, Colombia no ha procesado ni condenado a traficantes en casos de explotación laboral, a pesar de reconocer que esta forma de abuso es común en el país. Además, durante el último año se registró una disminución en el número de procesos judiciales iniciados, en la cantidad de víctimas identificadas y en los recursos asignados para enfrentar este delito.
Estados Unidos advirtió sobre la excesiva dependencia de las autoridades en la “autoidentificación” de las víctimas, sin contar con un protocolo claro para la búsqueda activa, lo que provoca un subregistro considerable de casos. Esta deficiencia se ve agravada por la falta de atención a jóvenes en situación de riesgo, lo que ha facilitado un aumento significativo en el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales, una práctica que, según el informe, el Gobierno colombiano no reconoce como trata de personas.
La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, afectando a mujeres, hombres, niñas y niños en todo el territorio nacional. Con esta nueva calificación, Colombia debe enfrentar el desafío de fortalecer sus políticas públicas, asegurar servicios de protección efectivos y optimizar los procesos judiciales para evitar la impunidad y ofrecer una reparación real a las víctimas.