Durante esta semana, en Bucaramanga se lleva a cabo el Congreso Nacional de Seguridad Privada, donde los empresarios del sector buscan entablar diálogo con los precandidatos presidenciales sobre el rumbo y desarrollo de la industria.
El sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, que genera más de 450 mil empleos directos y mueve cerca de 14,8 billones de pesos anuales, enfrenta serias dificultades para operar debido a la falta de estabilidad en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como a las demoras en la expedición de permisos para armas. Así lo advirtió José Saavedra, presidente de ECOS (Empresas Colombianas de Seguridad).
“En lo que va del actual gobierno hemos tenido cuatro superintendentes distintos. Esta inestabilidad impide la creación de planes, la realización de mesas de trabajo y la continuidad de los programas, generando un gran cuello de botella para el sector, especialmente en lo relacionado con la compra de armas, que son herramientas fundamentales para la protección”, explicó Saavedra.
El líder gremial destacó que esta problemática se agrava en el contexto de la seguridad de líderes políticos y sociales, ya que, aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha fortalecido los esquemas de protección, las empresas encargadas del personal carecen de los permisos necesarios para equipar adecuadamente a sus equipos.
Saavedra también rechazó las afirmaciones hechas anteriormente por el presidente Gustavo Petro, en las que relacionaba a las empresas de vigilancia con grupos paramilitares.
“Nada más alejado de la realidad. Nuestra labor es proteger colegios, universidades, centros comerciales y ciudadanos responsables. Contamos con más de 60 años ofreciendo un servicio esencial para el país”, afirmó.
El gremio, integrado por 927 empresas que operan en sectores como el financiero, hidrocarburos, puertos, aeropuertos y conjuntos residenciales, asegura estar listo para afrontar nuevos desafíos, incluyendo su posible participación en la construcción y gestión de cárceles para sindicados, con el objetivo de aliviar el hacinamiento en estaciones de policía y URI.
Durante el Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se lleva a cabo esta semana en Bucaramanga, los empresarios buscan establecer un diálogo con los precandidatos presidenciales para discutir el futuro del sector y proponer soluciones ante la inestabilidad institucional y las reformas que impactan sus tarifas y costos laborales.
“El país continúa confiando en la seguridad privada. Permanecimos activos durante la pandemia, mientras muchos sectores cerraban, y seguimos trabajando día y noche, los 365 días del año. Lo que requerimos son reglas claras y estabilidad para poder atender eficazmente las necesidades de los colombianos”, concluyó Saavedra.