El organismo de control alertó sobre la ausencia de recursos claramente definidos, los retrasos en la puesta en marcha de la reforma agraria y la ejecución de proyectos con escaso impacto. Aunque se han invertido más de $107 billones, la Contraloría señaló que aún no se evidencia una transformación territorial y fiscal efectiva.
Según el noveno informe de seguimiento presentado por la Contraloría General de la Nación, la ejecución de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, correspondiente al período entre 2017 y el primer trimestre de 2025, no muestra avances contundentes. El informe revela que el 42 % de los proyectos vinculados al Acuerdo de Paz no presenta una ejecución concreta, y apenas el 17 % permite medir resultados de forma cuantificable.
Pese a que en los últimos nueve años se han invertido más de $107 billones, los resultados expuestos por el ente de control generan preocupación. En el tema de tierras, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que la ejecución avanza a un ritmo significativamente inferior al esperado.
“La meta más atrasada es la formalización de tierras. Se proyectaron 3 millones de hectáreas, pero solo se han logrado 7.000. A este ritmo, y tomando en cuenta el mejor desempeño histórico, nos tomaría 400 años alcanzar la meta establecida”, advirtió Rodríguez.
El informe también identificó 113 hallazgos relacionados con la gestión fiscal, de los cuales 31 corresponden a un monto de $4.794 millones, lo que evidencia un uso ineficiente de los recursos públicos. En el sector de minas y energía, se advirtió que el 12 % de los proyectos solares financiados a través del OCAD Paz presentan deficiencias en sostenibilidad y operación, debido a la falta de modelos adecuados para su mantenimiento y gestión.
La Contraloría advirtió sobre un déficit de $10,26 billones en el financiamiento del Plan Nacional de Electrificación Rural. Mientras se requieren $18,2 billones para garantizar la cobertura total del servicio, solo se han proyectado $7,93 billones.
Si bien se evidencian avances en sectores como educación y salud rural —con atención a 668.564 hogares en 367 municipios—, la falta de metodologías claras para medir el impacto y la escasa coordinación a nivel local limitan la efectividad de estas iniciativas. Por otro lado, aunque la inversión en economía campesina y solidaria supera los $8,95 billones, aún no logra consolidarse como un verdadero motor de desarrollo territorial.
El informe concluye que la consolidación de la paz no puede continuar sustentándose en la ejecución de recursos sin generar transformaciones estructurales reales. La Contraloría instó a revisar los programas implementados, alinear de manera más efectiva los objetivos con los procesos de contratación y reforzar la coordinación entre instituciones, con el fin de asegurar que cada peso invertido se traduzca en impactos sostenibles para las comunidades más vulnerables.
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