La Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de diversas pruebas dentro del proceso que se adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con un caso de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
En la tarde de este lunes 15 de septiembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco del escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
De acuerdo con el expediente, la investigación se basa en señalamientos que indican que Benedetti, junto con los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, habría recibido como cuota política el control de entidades públicas, entre ellas Fonade.
Al jefe de la cartera política se le acusa de haber presuntamente direccionado un contrato por más de 1.000 millones de pesos a favor de la empresa Certicámara S.A., en medio de un proceso de licitación.
La Sala de Instrucción de la Corte lo acusó formalmente en febrero de este año. El alto tribunal busca establecer si Benedetti ejerció presión sobre funcionarios de Fonade para modificar los términos del proceso licitatorio y garantizar que dicha empresa resultara adjudicataria.
En esta etapa del proceso, la Corte Suprema decretó la práctica de pruebas solicitadas tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la defensa del ministro Armando Benedetti.
El Ministerio Público solicitó la declaración de varios funcionarios y exfuncionarios de Fonade, entre ellos Hernán Mejía y Pedro Reina Palacios. Por su parte, la defensa del ministro pidió oficiar a la Secretaría del Senado para verificar si durante los años 2016 y 2017 —cuando Benedetti era senador— se convocó a directivos de Fonade a debates de control político.
Una vez quede en firme esta decisión, la recolección de pruebas se llevará a cabo con la intervención de las partes y bajo supervisión judicial, con el fin de garantizar el derecho a la contradicción. La Sala de Primera Instancia será la encargada de notificar a las partes la fecha de la próxima audiencia.
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