El alto tribunal aceptó revisar una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra el decreto 858 del 30 de julio de 2025, emitido por el presidente de la República junto con los ministerios de Salud y de Protección Social.
En la demanda, la senadora Paloma Valencia sostiene que el decreto en cuestión excede los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al introducir cambios sustanciales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, una competencia que, según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, recae exclusivamente en el Congreso de la República.
Uno de los principales señalamientos es que la norma transforma a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Centros de Atención Primaria, asignándoles funciones de afiliación y aseguramiento que, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, corresponden a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Otro eje central de la demanda es la falta de garantías en materia de sostenibilidad financiera. Según el recurso, el decreto impone nuevas cargas económicas relacionadas con infraestructura, talento humano y equipamiento en salud, sin establecer fuentes claras o adicionales de financiación para cubrir esos gastos.
Por esta razón, la senadora Paloma Valencia advirtió que la implementación del nuevo modelo podría afectar los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), comprometiendo así la estabilidad financiera del sistema de salud.
El alto tribunal determinó que la demanda cumple con los requisitos legales, por lo que ordenó notificar a las entidades demandadas y al Ministerio Público. Estas partes tendrán la oportunidad de responder, presentar excepciones y solicitar pruebas dentro del proceso. Asimismo, el Consejo de Estado solicitó al Ministerio de Salud y al presidente de la República remitir el expediente administrativo que contenga los antecedentes que dieron origen al decreto en cuestión.
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