La familia confía en que las recientes acciones legales ayuden a esclarecer lo ocurrido y eviten que el crimen quede sin castigo.
La investigación sobre la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció y luego fue encontrada sin vida en Cajicá, continúa con nuevas solicitudes presentadas por su familia. Julián Quintana, abogado representante de los familiares, confirmó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación la realización de pruebas de ADN a todos los empleados del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, con el objetivo de descartar o confirmar alguna posible vinculación del personal con los hechos.
La defensa indicó que la investigación se concentra en dos líneas principales: por un lado, evaluar las posibles omisiones del colegio en sus protocolos de seguridad y supervisión; y por otro, esclarecer si hubo participación de un tercero en la desaparición y muerte de la menor. En este marco, Quintana anunció que continuará insistiendo en la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores, a quienes responsabiliza por graves negligencias que podrían haber contribuido a la tragedia.
“Como representantes de la víctima, le hemos sugerido a Manuel, padre de Valeria, que debemos buscar la verdad, la justicia y la reparación, un derecho que les corresponde”, afirmó.
El abogado también anunció que recomendará a la familia presentar una demanda civil contra el colegio por los daños y perjuicios sufridos. “La propuesta es considerar una acción civil para reclamar las consecuencias que la negligencia causó a la familia. Por supuesto, esta decisión dependerá del acuerdo que tome la familia”, añadió Quintana.
Por otro lado, la Fiscalía comunicó que llevará a cabo una reconstrucción de la escena dentro de las instalaciones del colegio para esclarecer cómo sucedieron los hechos y detectar posibles alteraciones.
Un tema que ha generado polémica está relacionado con las modificaciones estructurales en el colegio. Mientras la defensa de la institución sostiene que todos los cambios contaron con la autorización del Puesto de Mando Unificado (PMU) establecido durante la búsqueda de la menor, la familia afirma que no existen documentos que avalen dichos permisos, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones y cargos.
El colegio, a través de su representante legal, el abogado Francisco Bernate, ha afirmado en varias ocasiones que todas sus acciones cumplieron con la normativa vigente y se llevaron a cabo en coordinación con las autoridades correspondientes.