La Procuraduría tomó a su cargo la investigación que inicialmente llevaba a cabo el control interno de la Cancillería, relacionada con el trámite de residencia del exdirector del Dapre en Nicaragua.
La Procuraduría General de la Nación presentó un informe sobre la inspección realizada en la sede de la Cancillería, en el marco de la investigación por la presunta colaboración de funcionarios gubernamentales, especialmente de la embajada de Colombia en Nicaragua, en el controvertido proceso de renovación de residencia de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien actualmente es prófugo de la justicia y tiene orden de captura por su presunta vinculación al escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo.
Tras más de 20 horas de diligencias en la Cancillería, la Procuraduría recopiló cerca de 600 correos electrónicos, circulares, manuales de protocolos y documentos de servicio, incluyendo intercambios desde junio de 2024 hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada colombiana en Nicaragua y la Cancillería. Entre los correos encontrados están los de la canciller Rosa Villavicencio, así como los de excancilleres y viceministros.
Durante el desarrollo de esta inspección, el Ministerio Público asumió la investigación que hasta ahora llevaba la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería, con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La inspección realizada por la Procuraduría se lleva a cabo después de que la Sala de Instrucción Disciplinaria iniciara una investigación preliminar para determinar si desde la embajada o la Cancillería colombiana se realizaron trámites o gestiones que facilitaran al exdirector del Dapre la obtención de la cédula de residencia, el permiso de residencia y de ingreso otorgados por el Gobierno de Nicaragua.
Es importante recordar que, en un primer momento, el presidente Gustavo Petro negó que su Gobierno hubiera intervenido en el trámite para la renovación de la residencia de Carlos Ramón González en Managua. Sin embargo, poco después salió a la luz un documento firmado por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada colombiana en Nicaragua, en el que se confirma la solicitud.
“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país ningún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, aseguró entonces el presidente Petro en su cuenta de X.
La canciller Rosa Villavicencio negó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se haya dado alguna instrucción para gestionar la renovación de la residencia de Carlos Ramón González. Además, aclaró que la nota firmada por el encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, no fue consultada ni autorizada por esa cartera.
Por su parte, la excanciller Laura Sarabia afirmó que no fue informada sobre dicha gestión, que fue realizada únicamente por Óscar Muñoz, quien firmó la carta enviada como nota diplomática a Nicaragua.
“No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia gestionados por la embajada en Nicaragua, situación que está debidamente registrada en los sistemas de control de la entidad”, aseguró Laura Sarabia en su cuenta de X.
Más adelante, el presidente Gustavo Petro pidió al Gobierno de Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González, pero esta fue rechazada, y además, Nicaragua le otorgó asilo político.