La firma considera que la nueva ley sobre encuestas compromete la libertad de información y debilita la democracia.
La firma Invamer reportó que, por primera vez en más de 30 años, se vio imposibilitada de publicar su tradicional Invamer Poll, como consecuencia de las nuevas restricciones establecidas por la ley que regula las encuestas electorales y de opinión política en Colombia.
En un comunicado oficial y durante una entrevista con el programa Voz Populi de Blu Radio, Martín Orozco, director y gerente general de la encuestadora, expresó su preocupación por el impacto que esta normativa puede tener en la democracia, el debate público y el derecho de los ciudadanos a acceder a información.
“Después de más de tres décadas, no hemos podido realizar nuestro Invamer Poll. La reciente legislación sobre encuestas en el país impide la publicación del estudio bajo las condiciones históricas en que lo hemos desarrollado. Al ser una investigación financiada con recursos propios, no contamos con la capacidad de aumentar el tamaño de la muestra al nivel que ahora exige la ley”, detalló la firma en su declaración.
“Los colombianos somos los que perdemos”
En conversación con Voz Populi, Martín Orozco, director de Invamer, reiteró que la nueva legislación no solo restringe las encuestas sobre intención de voto, sino que también afecta gravemente las de opinión pública. Según explicó, la norma impone exigencias desproporcionadas en el tamaño de las muestras, lo que hace financieramente inviable la realización periódica de estos estudios.
“Hemos realizado este estudio cada dos meses durante más de tres décadas, con recursos propios, con el propósito de mantener informado al país y dar espacio a la voz ciudadana. Sin embargo, la nueva ley no solo limita las encuestas electorales; ahora, cualquier tema que se quiera medir exige muestras tan grandes que nadie puede costearlas ni mantener la frecuencia con la que lo hacíamos”, señaló Orozco.
El directivo subrayó que el problema no es la supervisión, sino el enfoque restrictivo de la normativa. “Estamos completamente abiertos a que nos auditen, a que revisen lo que consideren necesario, pero no se puede construir una ley que funcione como una forma de censura. Al final, quienes terminamos perdiendo somos todos los colombianos, porque nos quedamos sin información confiable. ¿Y entonces qué nos queda? Lo que circula en redes sociales o lo que dicen los opinadores”.
Invamer informó que ya ha presentado dos demandas y se encuentra preparando una tercera, al considerar que varios apartados de la nueva ley vulneran la Constitución. De acuerdo con la firma, disposiciones como la obligación de incluir “a todos los personajes con conocimiento y favorabilidad manifiesta” carecen de precisión, lo que dificulta, e incluso imposibilita, el cumplimiento de los requisitos establecidos.