Según información obtenida por Blu Radio, la organización criminal ‘La Inmaculada’ habría reunido más de 800 millones de pesos con el objetivo de ejecutar un plan de fuga y así impedir la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’.
Fuentes confirmaron a Blu Radio que existe información sobre un presunto plan de fuga destinado a impedir la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, considerado el principal cabecilla de la estructura criminal ‘La Inmaculada’.
Según las investigaciones, esta banda habría recolectado más de 800 millones de pesos para financiar sobornos, la logística del escape y otros movimientos estratégicos. Los recursos habrían sido obtenidos mediante extorsiones y presiones ejercidas sobre comerciantes, empresarios, ganaderos, transportadores y habitantes del norte del Valle del Cauca.
Alias ‘Pipe Tuluá’, líder de ‘La Inmaculada’, opera en el Valle del Cauca y ha sido condenado por diversos delitos, entre ellos homicidio y extorsión. Actualmente, se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, y recientemente fue trasladado desde la cárcel La Picota en Bogotá a una estación de Policía.
El proceso de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ provocó disturbios en Tuluá, incluyendo la quema de vehículos, lo que llevó a las autoridades locales a decretar un toque de queda. La banda ‘La Inmaculada’, originalmente fundada por Óscar Darío Restrepo, alias ‘Porrón’, ha sufrido reestructuraciones tras la captura de sus principales cabecillas y actualmente es liderada por los hermanos de ‘Pipe Tuluá’.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó a miembros de la banda criminal ‘La Inmaculada’ por los actos violentos ocurridos en Tuluá, los cuales estarían relacionados con la notificación de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’. Mientras tanto, la Policía informó sobre la captura de una persona y continúa reforzando las medidas de seguridad en la zona.
A pesar de estar privado de la libertad, este peligroso delincuente siguió dirigiendo actividades ilícitas desde la prisión, incluyendo amenazas contra funcionarios del Inpec.
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