El objetivo principal es reactivar las mesas de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un elemento fundamental en el esquema de financiación del sistema de salud.
Frente a la crisis que afecta al sistema de salud colombiano, diversas organizaciones del sector han presentado una propuesta titulada “Acuerdos verdaderos para enfrentar la crisis de la salud en Colombia”. El documento, respaldado por gremios como Acemi, ASOCAJAS, la Andi, así como por asociaciones de pacientes y usuarios como UNIPS, la Mesa Nacional de Usuarios, Pacientes Colombia y FECOER, propone una metodología técnica de 10 puntos orientada a alcanzar consensos que permitan estabilizar el sistema sin necesidad de recurrir a reformas legislativas, las cuales podrían demorarse, según advierten.
La propuesta surge tras más de dos años de diálogos sin avances concretos y tiene como objetivo cumplir con los mandatos establecidos por la Corte Constitucional. Su eje central es la reactivación de las mesas de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), considerada una pieza clave en la financiación del sistema de salud.
Las recomendaciones presentadas tienen como propósito reactivar las mesas técnicas de ajuste de la UPC, a través de una metodología centrada en la resolución de conflictos, la mediación independiente y la transparencia en el manejo de la información. La propuesta contempla el cruce de datos entre EPS e IPS para precisar el gasto real en salud, asegurando una participación equitativa de todos los actores del sistema: pacientes, aseguradores, prestadores y organismos de control. Además, se plantea avanzar en las sesiones conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional. Como parte del proceso, también se sugiere revisar el valor de la UPC desde 2021, con el fin de definir una fórmula de cálculo sostenible a futuro, contando con el acompañamiento del Ministerio Público para garantizar la imparcialidad.
Los impulsores de la propuesta subrayan que la situación del sistema de salud es grave y requiere atención inmediata. Señalan que existen herramientas institucionales disponibles —como las establecidas por la Corte Constitucional— que permiten avanzar de forma inmediata, sin depender de trámites políticos o consultas populares que podrían retrasar las soluciones urgentes.
El documento ya fue entregado al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y se plantea como un proceso técnico, objetivo y supervisado por el Ministerio Público.
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