Este es el tercer intento de la defensa de Olmedo López de alcanzar un acuerdo con la justicia, tras el rechazo de otros jueces a los acuerdos anteriores por considerarlos carentes de fundamento.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los principales implicados en el millonario desfalco de la entidad, logró que la justicia aprobara un principio de oportunidad que le otorga inmunidad parcial frente a tres delitos.
La decisión fue tomada por la jueza 57 de conocimiento de Bogotá, quien aprobó el acuerdo entre la Fiscalía y López, suspendiendo la acción penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. No obstante, López continuará siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
Su abogado, José Luis Moreno, calificó la decisión como “un paso histórico”, destacando que su defendido ha cooperado de manera sustancial con la justicia. Entre las contribuciones presentadas se incluyen más de 21 declaraciones, pruebas técnicas y documentales, además de una matriz que menciona a 27 altos funcionarios, congresistas y ex directivos. Asimismo, López devolvió al Estado 724 millones de pesos.
“El principio de oportunidad fue aprobado por una jueza en favor de mi cliente, quien ha demostrado que su colaboración con la justicia es esencial para desmantelar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país”, afirmó el abogado.
Además, destacó que el principio de oportunidad no implica impunidad, sino que es una herramienta clave para romper lo que describió como “el pacto del silencio” y poder identificar a todos los involucrados en este complejo esquema de corrupción.
“Con esta decisión, la justicia envía un mensaje claro: a quien colabora con la verdad, el Estado lo respalda y no lo abandona. Olmedo López se convierte en un testigo del Estado, dispuesto a enfrentar a los poderosos en nombre de la verdad, la justicia y la dignidad de Colombia”, destacó Moreno.
Este es el tercer intento del exfuncionario para llegar a un acuerdo con la justicia. En los meses de mayo y agosto, otros jueces habían rechazado los acuerdos propuestos por la Fiscalía al considerarlos insuficientemente fundamentados.
El caso está vinculado a la compra de 40 carro tanques destinados a llevar agua a comunidades de La Guajira, en un contrato por 46.800 millones de pesos, que, según la Fiscalía, presentó un sobrecosto superior a los 14 mil millones, que fueron desviados a funcionarios y contratistas, incluidos López y el ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
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