Según su perspectiva, la renuncia a la prescripción no es válida, dado que ya existe una condena en primera instancia y una decisión previa que descarga de responsabilidad a los magistrados de la Sala.
Continúan las reacciones frente a la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar voluntariamente a la prescripción del proceso penal que enfrenta y por el cual ya fue condenado en primera instancia.
Mientras que sectores afines al exmandatario calificaron su decisión como un gesto valiente y una muestra de su voluntad de demostrar su inocencia, las partes reconocidas como víctimas ven en este acto una maniobra con fines político-electorales, más que una verdadera estrategia de defensa jurídica.
Una de las críticas más contundentes vino de Iván Cepeda, contraparte de Álvaro Uribe en el proceso y reconocido como víctima. Para el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, la renuncia a la prescripción no representa un acto de transparencia, sino una estrategia para asegurar su permanencia en libertad y así poder adelantar su campaña con miras a las elecciones de 2026.
Iván Cepeda calificó como una maniobra política la reciente decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción del proceso penal en su contra. En un video publicado en sus redes sociales, el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico afirmó:
“Lo que realmente vemos en esta nueva estrategia de Álvaro Uribe es un intento por mantenerse en libertad mientras adelanta su campaña electoral. Esa es la verdadera intención detrás de esta solicitud extemporánea para evitar que opere la prescripción en un proceso que él mismo ha buscado dilatar al máximo con su defensa”.
Según Cepeda, la renuncia a la prescripción no es válida en este contexto, ya que existe una condena en primera instancia y una decisión del Tribunal que descarga de responsabilidad a los magistrados de la Sala encargada de resolver la apelación. Para él, esta acción busca ejercer presión sobre la justicia y retrasar una posible ratificación de la condena —por soborno en actuación penal y fraude procesal— antes del próximo 8 de octubre.