Mediante un informe de 31 páginas, la Red de Veedurías de Colombia pidió que tanto la fiscal general como el vicefiscal se declaren impedidos para continuar en el caso contra la exconsejera presidencial para las Regiones.
En el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Red de Veedurías de Colombia, actuando como parte víctima, presentó un documento de 31 páginas en el que solicita la recusación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y del vicefiscal general, Gilberto Díaz.
El abogado Pablo Bustos, representante de la organización, pidió que la fiscal Camargo se declare impedida para intervenir en cualquier aspecto del proceso, incluyendo eventuales preacuerdos entre la Fiscalía y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
Entre los motivos expuestos, se señala que Ortiz ya ha emitido declaraciones que podrían comprometer la imparcialidad de Camargo, particularmente en relación con su designación como fiscal. Además, se argumenta que la fiscal podría tener intereses en ciertos miembros del Gobierno mencionados por Ortiz, los cuales habrían influido en su inclusión en la terna presentada por el presidente Gustavo Petro.
“En segundo lugar, se plantea la existencia de una ‘enemistad grave’ entre usted, señora fiscal general, y la acusada, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Esta situación se refleja, según el documento, en la negativa de su despacho a considerar un principio de oportunidad para Ortiz, mientras que sí ha sido concedido a otros implicados que incluso han incurrido en actos de soborno dentro del caso de corrupción de la UNGRD bajo su dirección”, afirma el documento.
Las víctimas señalan que, de aceptarse la recusación contra la fiscal Luz Adriana Camargo, también debería apartarse del proceso el vicefiscal Gilberto Díaz. Argumentan que Díaz enfrenta un impedimento legal para intervenir en el caso, ya que, en su calidad de subordinado de la fiscal general, no podría actuar con plena independencia.
En caso de que no se acepte la recusación, las víctimas solicitan que la solicitud sea remitida a la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de decidir sobre este asunto. Si la recusación es aprobada, la Fiscalía General de la Nación tendría que designar a un fiscal ad hoc para que se encargue del proceso en curso contra la exfuncionaria Ortiz.
Es importante recordar que la exconsejera presidencial ya había solicitado de manera formal a la Corte Suprema de Justicia ser escuchada en una diligencia de declaración. Esta petición fue presentada ante el magistrado César Augusto Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, después de que la Fiscalía decidiera no concederle un principio de oportunidad.
La funcionaria de mayor rango del Gobierno del presidente Gustavo Petro involucrada hasta ahora en el caso, busca que el máximo tribunal la escuche como parte de las investigaciones en curso que incluyen a aforados, como el expresidente del Senado, Iván Name.
Asimismo, es importante señalar que, según la Fiscalía, no se puede conceder un principio de oportunidad debido a la “gravedad de las conductas” que se le imputan a Ortiz. El ente investigador destaca un comportamiento “errático y contradictorio” por parte de la exconsejera, así como su entrega anticipada de información a los medios sin que existiera una negociación formal en marcha. Por su parte, Ortiz sostiene que posee información crucial para las investigaciones en curso y afirma que su intención es colaborar de manera total con la justicia.