Esta acción forma parte de la intervención que el Gobierno comenzó en la EPS en abril de 2024, luego de detectar irregularidades financieras que motivaron la toma de control.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció que en agosto comenzará una auditoría forense a la Nueva EPS, a cargo de una firma internacional, con el objetivo de examinar las cuentas de la entidad correspondientes al período 2019-2025.
Esta acción se enmarca dentro de la intervención que el Gobierno emprendió sobre la EPS desde abril de 2024, cuando asumió el control tras detectar irregularidades financieras.
“Esta auditoría forense nos permitirá conocer de manera clara y precisa la situación real de estas instituciones, no solo en términos financieros, sino también en cuanto a la prestación de servicios de salud y otros aspectos técnicos de gran relevancia”, afirmó el superintendente Giovanny Rubiano García.
En otras palabras, intentarán aclarar cómo se han gestionado las finanzas, analizar el flujo de recursos y presentar recomendaciones para mejorar el control, con el fin de evitar futuras pérdidas de fondos en el sector salud.
Este tipo de auditorías tiene como objetivo investigar y documentar cualquier práctica irregular en la administración de recursos en EPS, hospitales, clínicas y demás entidades del sistema de salud. A diferencia de una auditoría convencional, que se limita a revisar los estados financieros, la auditoría forense puede servir como herramienta en procesos judiciales.
Durante la intervención, ya se han detectado pagos realizados a IPS vinculadas directamente con la EPS, lo que indica posibles conflictos de interés y deficiencias en el sistema de contratación.
“Implementaremos semáforos de control para monitorear semanalmente el desempeño de las EPS, acompañados de informes mensuales que incluirán indicadores sobre cobertura, contratación, postulación de pagos, estructura de red y número de tutelas”, detalló Rubiano como parte de la metodología para acelerar los resultados de la auditoría.
El funcionario enfatizó que la intervención ya ha revelado hallazgos preocupantes, como deudas ocultas por facturas no registradas, anticipos médicos sin legalizar que superan los $1,5 billones en 2023, y posibles desvíos de más de $70.000 millones hacia exfuncionarios.