No obstante, en su apelación, el delegado de la Procuraduría argumenta que la decisión del juez Heredia no presenta “pruebas sólidas que permitan desmontar la presunción de inocencia”.
La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes al Tribunal Superior de Bogotá que anule la sentencia de primera instancia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) a 12 años de detención domiciliaria, argumentando irregularidades en la valoración de las pruebas.
“Respetuosamente solicito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que revoque la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en los puntos en los que existen discrepancias”, señala el documento de apelación firmado por el procurador Bladimir Cuadro.
Uribe, fundador y principal líder del partido Centro Democrático, fue condenado el pasado 28 de julio, convirtiéndose en el primer expresidente en la historia de Colombia en recibir una condena penal. La jueza Sandra Heredia lo halló culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un proceso que él mismo inició en 2012.
La sentencia emitida por la jueza Sandra Heredia —que la defensa de Álvaro Uribe ya anunció que apelará este miércoles— concluye que, en el denominado “juicio del siglo”, se probó que el expresidente, por medio de su abogado Diego Cadena, habría intentado sobornar a ex paramilitares encarcelados para que se retractaran de declaraciones que lo vinculaban con grupos paramilitares de derecha enfrentados a las guerrillas en el marco del conflicto armado colombiano.
No obstante, en el recurso de apelación presentado por la Procuraduría y divulgado por medios nacionales, el delegado del Ministerio Público sostiene que el fallo carece de “pruebas contundentes que desvirtúen la presunción de inocencia” y señala la existencia de varios “errores en la valoración probatoria”.
“Los errores en la apreciación de las pruebas —particularmente en la forma como se observaron y analizaron objetivamente— condujeron a una indebida aplicación de la figura de la determinación” contra el expresidente Uribe, afirma una de las conclusiones del documento de apelación, que consta de 81 páginas.
Cuestionamientos jurídicos
El procurador Bladimir Cuadro sostiene que no se ha demostrado, desde el punto de vista jurídico, que Álvaro Uribe haya actuado como determinador al instruir al abogado Diego Cadena para contactar a exparamilitares presos, como lo afirma la fiscal del caso y lo acogió la jueza Sandra Heredia en su fallo.
“No se probó más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el conocimiento requerido para atribuirle responsabilidad como determinador en cada uno de los hechos imputados. La sentencia de primera instancia no abordó con el detalle necesario este aspecto fundamental en cada uno de los episodios analizados”, señaló Cuadro.
Asimismo, el recurso de apelación cuestiona la validez de algunas grabaciones de llamadas entre Uribe y Cadena, utilizadas como prueba en el proceso. Según el Ministerio Público, dichas comunicaciones debieron ser excluidas por estar protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente, tal como también lo argumentó la defensa del expresidente.
La jueza Sandra Heredia otorgó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe plazo hasta el 13 de agosto para presentar la apelación de la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El proceso judicial tiene su origen en 2012, cuando Uribe denunció ante la Corte Suprema de Justicia al entonces congresista de izquierda Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos mientras preparaba una denuncia en el Senado por presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares.
Sin embargo, la Corte no solo desestimó investigar a Cepeda, sino que decidió abrir una investigación contra Uribe, al considerar que habría intentado influir en testigos para evitar que declararan en su contra.
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