La organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos expresó su gran inquietud ante esta medida, especialmente en un contexto de aumento de la violencia interna y una considerable disminución de la ayuda internacional.
Human Rights Watch (HRW) lanzó una firme advertencia sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo en Colombia, alertando sobre un recorte presupuestario incluido en la propuesta del Gobierno ante el Congreso que, de aprobarse, podría afectar gravemente la protección de los derechos humanos y la seguridad en el país.
La organización internacional defensora de los derechos humanos expresó su profunda preocupación frente a esta medida, especialmente en un contexto marcado por el aumento de la violencia interna y una significativa disminución de la ayuda internacional.
Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch, en entrevista con Mañanas Blu, enfatizó la gravedad del asunto, señalando que “esta reducción pondría en serio riesgo la capacidad del Estado colombiano para proteger a estas comunidades”.
La advertencia llega en un momento crucial para Colombia, donde el aumento de la violencia ha impactado especialmente a las comunidades más vulnerables, desafiando la capacidad de respuesta del Estado.
El impacto del recorte presupuestal
El recorte propuesto a la Defensoría del Pueblo no es una cifra menor, especialmente cuando se examina su verdadero impacto.
Aunque inicialmente se habla de una reducción del 3% respecto al presupuesto de 2025, la realidad es más compleja y preocupante. Juanita Goebertus aclara que este porcentaje no considera la inflación. “En términos reales, sería una reducción, ya que, tomando en cuenta la inflación estimada por el Banco de la República para este año, la disminución efectiva estaría entre el 7 y 8%,” explicó la directora de HRW.
La situación se agrava aún más si se compara con lo que la Defensoría había solicitado para enfrentar sus crecientes desafíos. “Esto representa un 9.7% menos de lo solicitado por la Defensoría, primero considerando la corrección básica por inflación y, en segundo lugar, frente a los retos adicionales relacionados con la seguridad, la crisis humanitaria y el contexto electoral,” detalló.
Human Rights Watch lanza una advertencia contundente: el recorte presupuestario a la Defensoría del Pueblo podría desencadenar graves consecuencias para la estabilidad social, la protección de los derechos humanos y la legitimidad del Estado en Colombia, especialmente en un contexto de violencia creciente y con un ciclo electoral a la vuelta de la esquina.
La directora Juanita Goebertus cerró su intervención agradeciendo la oportunidad para destacar que, aunque el recorte anunciado es del 3% en comparación con 2025, en la práctica sería mucho mayor para la Defensoría del Pueblo, una institución clave que ha sido fundamental en la defensa de los derechos humanos en el país. Además, ante la disminución de la ayuda internacional, resulta aún más crucial fortalecer estas instituciones locales.
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