Según Granados, Uribe tomó la decisión de forma libre, consciente y bien informada, tras analizar cuidadosamente los beneficios y riesgos junto a su equipo de defensa.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó su renuncia a la prescripción de su proceso ante el Tribunal Superior de Bogotá. Su abogado, Jaime Granados, explicó que la decisión busca garantizar que el tribunal tenga el tiempo necesario para analizar con profundidad el amplio conjunto de pruebas, alegatos y recursos presentados en el juicio y la apelación.
Según Granados, el objetivo es evitar que el tribunal se vea obligado a actuar con premura o, en el peor de los casos, que el proceso concluya por vencimiento de términos. “No queremos que se precipiten decisiones, ni mucho menos beneficiarnos de una prescripción, cuando el compromiso del expresidente ha sido siempre con la verdad y la justicia”, señaló.
El abogado recordó además que esta no es la primera vez que Uribe renuncia a la prescripción en un proceso judicial. “Él ya lo ha hecho en otras ocasiones, porque su intención siempre ha sido que la verdad se imponga y que haya justicia”, concluyó.
Según Granados, Uribe tomó la decisión de forma autónoma, con inteligencia, bien informado y tras evaluar cuidadosamente los pros y los contras junto a su equipo de defensa.
Implicaciones y procedimientos legales de la renuncia a la prescripción
En Colombia, la renuncia a la prescripción es un derecho estrictamente personal, y aunque su trámite no es común, sí está sujeto a un procedimiento específico. El abogado Granados señaló que, aunque el tribunal debe pronunciarse sobre el documento que formaliza dicha renuncia, no tiene la facultad de rechazarlo.
“Como toda solicitud presentada ante el tribunal, este debe emitir un pronunciamiento. Sin embargo, el artículo 85 del Código Penal es claro: no deja margen de interpretación ni ofrece alternativas distintas a su aceptación. Es un derecho personalísimo que se ejerce de manera libre, consciente e informada”, explicó.
La aceptación de esta renuncia, considerada por Granados como un asunto “sin lugar a discusión, completamente claro”, activa un plazo máximo de dos años para que el Tribunal Superior de Bogotá emita una decisión definitiva.
Aunque el abogado considera que es poco probable que se agote el plazo completo —e incluso ve factible que la decisión se tome en “tres, cuatro, cinco o seis meses”—, subraya que lo fundamental es garantizar un proceso de deliberación sin presiones. Granados también resaltó una característica distintiva del sistema jurídico colombiano: “A diferencia de otros países donde no se permite renunciar a la prescripción, en Colombia, por fortuna, esa posibilidad sí existe”.
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