Matson, quien también fue víctima de torturas antes de recuperar su libertad, hizo un llamado a la reflexión: “Existen verdades que, aunque no siempre puedan mostrarse, siguen siendo verdades. Los hechos del Palacio de Justicia son uno de esos casos”.
Colombia conmemora esta semana el 40.º aniversario de la toma del Palacio de Justicia, un episodio que aún deja profundas heridas y mantiene vivo el debate sobre las responsabilidades del M-19 y de la Fuerza Pública en una de las tragedias más dolorosas de la historia nacional. El asalto y la retoma del edificio dejaron 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, además de un número aún indeterminado de desaparecidos.
El 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia con el objetivo de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1984 y someter a juicio político al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). Lo que siguió fue una violenta confrontación en pleno centro de Bogotá, que se extendió por 28 horas y culminó con el edificio reducido a cenizas tras un voraz incendio durante la noche.
Como lo señaló la Comisión de la Verdad en su informe de 2010, creada para esclarecer los hechos:
COMPARTIR“El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y permitió que las armas, en su feroz e irracional intercambio, sustituyeran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Eduardo Matson, sobreviviente del holocausto del Palacio de Justicia, relató cómo vivió aquel trágico episodio que, cuarenta años después, continúa dejando heridas abiertas en las familias de las víctimas.
Matson, quien también fue torturado antes de recuperar su libertad, hizo un llamado a preservar la verdad histórica sin sesgos ni intereses:
“Hay verdades que no se pueden o no se deben mostrar, pero siguen siendo verdades. Los hechos del Palacio de Justicia son uno de ellos”, expresó.
Asimismo, enfatizó que la memoria de lo ocurrido no debe manipularse para justificar a ninguno de los responsables:
“La historia no puede reescribirse en beneficio de un puñado de delincuentes del M-19, ni tampoco de la cúpula militar de aquel entonces”, añadió.
Polémica política
La conmemoración ha estado marcada por debates sobre los diferentes relatos de los hechos, en los que incluso ha intervenido el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del M-19 y mantiene una visión propia de la operación. Esta perspectiva ha sido cuestionada por familiares de las víctimas, quienes consideran que la guerrilla, que firmó la paz con el Gobierno en 1990, tiene responsabilidad directa en la tragedia.En entrevista con EFE, Helena Urán Bidegain, hija de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado que sobrevivió inicialmente al asalto, fue desaparecido por agentes del Estado y apareció asesinado al día siguiente, señaló:
“Desde el primer día hubo manipulación e incluso censura de la información y, con el tiempo, se ha producido un abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas”.
Urán Bidegain respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en X afirmó que “el magistrado Urán era amigo de (Andrés) Almarales”, uno de los jefes guerrilleros durante la toma del Palacio de Justicia.
El pronunciamiento de Petro se produjo después de que el jurista y académico Mauricio Gaona recordara que su padre, el magistrado Gaona Cruz, fue asesinado por el M-19, pese a que existen relatos que buscan minimizar o borrar ese crimen.