La deportación se llevó a cabo por el puente internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia, a unos tres kilómetros de la ciudad de Ipiales. Mientras el Ministerio del Interior de Ecuador respalda el operativo, la Cancillería de Colombia sostiene que no recibió ninguna notificación oficial sobre el traslado.
La tarde del sábado 26 de julio, el Ministerio del Interior de Ecuador emitió un comunicado en el que defendió la deportación de 700 ciudadanos colombianos privados de la libertad, argumentando que el operativo se llevó a cabo “bajo estrictos protocolos de seguridad y con respeto a los derechos humanos”.
La acción tuvo lugar durante la noche del viernes 25 y se concretó en la mañana del sábado. Sin embargo, fue cuestionada por la Cancillería de Colombia, que denunció que Ecuador procedió de manera unilateral, sin coordinar ni aplicar un protocolo conjunto, lo que —según afirmó— podría haber vulnerado los derechos humanos de los deportados.
La decisión ha provocado fricciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, luego de que el gobierno colombiano calificara la acción del presidente Noboa como un gesto inamistoso. A través de un comunicado oficial, Ecuador defendió el operativo, explicando los procedimientos y protocolos aplicados para ejecutar la deportación de cerca del 60 % de los ciudadanos colombianos recluidos en sus centros penitenciarios.
“Esta medida refleja el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el mantenimiento del orden público. En el transcurso de julio de 2025, se llevaron a cabo alrededor de 1.000 audiencias individualizadas para personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, como parte del proceso administrativo de deportación, presentándolas ante los jueces competentes”, señala el comunicado.
Es importante destacar que el Gobierno ecuatoriano subrayó que la medida se ejecutó en cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y del artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, indicó que el Servicio Nacional de Atención Integral (Snai) expidió las resoluciones necesarias para que los jueces correspondientes emitieran las boletas de excarcelación.
El Ejecutivo también precisó que el proceso se manejó con la debida confidencialidad, garantizando tanto el cumplimiento de los procedimientos legales como la protección de los derechos fundamentales de cada persona privada de la libertad.