Aunque existe una medida judicial provisional que suspende el cobro de la tasa de seguridad en Santander, el gobernador Juvenal Díaz sostiene que dicha tasa es legal.
Tras la polémica generada por la decisión del Consejo de Estado que suspendió el cobro de la tasa de seguridad en el Valle del Cauca, la Gobernación de Santander emitió un comunicado en el que afirma que la aplicación de este cobro en su departamento está respaldada por la ley. Sin embargo, no mencionan que la tasa impulsada por el gobernador Juvenal Díaz se encuentra suspendida provisionalmente debido a una medida cautelar emitida por el Tribunal Administrativo de Santander.
En el comunicado, la Gobernación reafirma que la tasa cuenta con un respaldo legal y constitucional vigente: “Este tributo fue creado con base en la Ley 2272 de 2022, la cual fue expedida tras la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, que autoriza a las entidades territoriales a establecer mecanismos fiscales destinados exclusivamente a la seguridad. Además, la Sentencia C-363 de 2023 ratificó la validez de este impuesto, al concluir que no afecta ni el principio de legalidad ni el de irretroactividad”.
Sin embargo, cabe destacar que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó suspender temporalmente el cobro de este tributo, tras admitir una demanda de nulidad interpuesta por varios líderes políticos y ciudadanos.
Los demandantes incluyen al representante a la Cámara Cristian Avendaño, al diputado Danovis Lozano y a los concejales Carlos Parra y Camilo Machado, todos miembros del partido Alianza Verde. Según ellos, el tributo no cuenta con los estudios técnicos y financieros requeridos por la ley y podría infringir principios constitucionales, al imponer una carga económica sin un adecuado análisis fiscal y social.
La tasa, establecida por la Ordenanza 015 del 29 de abril de 2025 y que debía empezar a cobrarse desde septiembre mediante el recibo de energía, permanece temporalmente suspendida mientras se revisa a fondo su validez legal y constitucional.
El tribunal aclaró que esta suspensión es de carácter provisional y no representa una decisión final. Su objetivo es evitar posibles perjuicios a los contribuyentes durante el proceso de evaluación legal del tributo.
Por el momento, los usuarios no encontrarán este cobro reflejado en sus facturas de energía. No obstante, el debate legal sigue abierto, y será la decisión final la que establezca si la tasa se implementa o queda definitivamente descartada.