Los abogados del exmandatario interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal, argumentando que la jueza violó sus derechos fundamentales al negarle la libertad.
A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó su libertad inmediata luego de que su defensa ganara una tutela presentada contra la condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El exmandatario y líder del partido Centro Democrático manifestó su agradecimiento por el fallo que le permitirá enfrentar el proceso en libertad, en contraste con la medida de detención domiciliaria impuesta previamente por la jueza Sandra Heredia en primera instancia.
“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, publicó en su red social.
¿Por qué Álvaro Uribe recuperó su libertad?
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso relacionado con sobornos. La decisión se da mientras se resuelve en segunda instancia la apelación interpuesta contra la sentencia.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió proteger el derecho fundamental a la libertad personal del exmandatario y dejó sin efecto la medida impuesta por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el pasado 1 de agosto en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente. La jueza Heredia lo declaró culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el conocido como “juicio del siglo”, un proceso judicial que tuvo origen en una denuncia presentada por el mismo Uribe en 2012.
Tres días después de conocerse la condena, su equipo de defensa presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que la jueza vulneró sus derechos fundamentales. Fue a raíz de esta acción que el Tribunal decidió concederle la libertad mientras se analiza el recurso de apelación.
El equipo de abogados del expresidente cuestionó, entre otros aspectos, que la jueza justificara la detención inmediata de Uribe argumentando la necesidad de proteger “la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”. Para la defensa, esta razón carecía de claridad y sustento jurídico, calificándola como una “motivación aparente”.
La Sala del Tribunal falló a favor del recurso presentado por la defensa de Uribe. Sin embargo, rechazó una acción similar interpuesta por el partido Centro Democrático, al considerar que no logró demostrar cómo la medida de privación de libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la colectividad política.
El fallo indica que en los recursos de apelación se cuestionaron diversos comportamientos y decisiones dentro del proceso, los cuales, según la defensa, evidenciarían una actuación parcial por parte de la jueza y la fiscal. Se les acusa presuntamente de abuso de funciones, falta de respeto, inclinaciones políticas e ideológicas, y una actitud hostil hacia el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, el Tribunal aclaró que estos señalamientos deberán ser evaluados en el marco de la apelación, y no en la acción de tutela.
La defensa de Uribe presentó la apelación de la sentencia el pasado 13 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual tiene plazo hasta el 16 de octubre para emitir un fallo en segunda instancia.
Este proceso judicial se remonta a hace trece años, cuando Uribe, actualmente de 73 años, denunció ante la Corte Suprema de Justicia al entonces congresista Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos mientras preparaba una denuncia en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Sin embargo, el curso del caso tomó un giro inesperado para Uribe. La Corte no encontró mérito para investigar a Cepeda y, en cambio, abrió una investigación contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos con el fin de evitar declaraciones en su contra.