Para las Farc, las iniciativas iniciales de restauración incluirán el desminado humanitario, la localización de personas desaparecidas, la reparación de la memoria histórica y la rehabilitación ambiental.
Las sentencias que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer el próximo martes, contra siete integrantes del último secretariado de las Farc que admitieron responsabilidad en secuestros y otros delitos relacionados con el cautiverio, son el resultado de más de siete años de investigación por parte de este tribunal.
La JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a partir del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y las Farc, con el propósito de administrar justicia transicional, investigar y sancionar a quienes cometieron los crímenes más graves durante el conflicto armado.
Los otros dos elementos que componen este sistema son la Comisión de la Verdad, cuyo informe final se presentó en junio de 2022, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de la JEP y sus acciones:
- El mandato
La JEP fue creada mediante una resolución emitida el 4 de abril de 2017, y su funcionamiento está limitado a un máximo de 20 años para conocer los delitos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigor el acuerdo de paz.
Dado que no es posible investigar todos los crímenes, la JEP ha enfocado sus esfuerzos en priorizar los delitos más graves y representativos cometidos durante el conflicto, tanto por las Farc, miembros de la fuerza pública, como por otros agentes estatales y civiles involucrados.
- Investigación de gran envergadura
El alcance de la investigación abarca más de 250.000 crímenes relacionados con 15.020 personas que han accedido a la justicia transicional.
Más de medio siglo de conflicto ha dejado un saldo superior a nueve millones de víctimas de diversas índoles, cifra que continúa creciendo. De estas, 12.398 han sido reconocidas individualmente por la JEP, mientras que 412 han sido registradas como grupos colectivos.
Desde que la JEP inició sus labores el 15 de marzo de 2018, en sus siete años y medio de funcionamiento ha presentado 264 imputaciones contra los “máximos responsables” por crímenes de guerra y de lesa humanidad, de los cuales 147 han reconocido su responsabilidad.
- Once macro-casos
La investigación se estructura en once macro-casos que agrupan los hechos más graves del conflicto armado. El caso 01 aborda los secuestros, “graves privaciones de la libertad y otros delitos” cometidos por las Farc.
El caso 03 se centra en “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, mientras que el caso 06 investiga la “victimización de miembros de la Unión Patriótica”, el partido de izquierda que fue exterminado en las décadas de los 80 y 90.
El caso 07 examina el “reclutamiento y uso de menores de edad en el conflicto armado”; el 08, los “crímenes perpetrados por la fuerza pública y agentes estatales en alianza con grupos paramilitares”; y el 09, los “crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos”.
Por último, el caso 10 se ocupa de los “crímenes no amnistiables cometidos por las Farc”, el caso 11 aborda la “violencia de género y sexual”, y los casos 02, 04 y 05 investigan la violencia territorial en diferentes regiones del país.
- Primeras sentencias
El próximo martes se emitirán las primeras sentencias relacionadas con los secuestros cometidos por las Farc. En este proceso, la JEP cuenta con un registro provisional de 21.396 víctimas entre 1993 y 2016, de las cuales 4.325 han sido formalmente reconocidas ante el tribunal.
Los comparecientes son los últimos líderes máximos de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias el Médico; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez; Julián Gallo, también llamado Carlos Antonio Lozada; y Rodrigo Granda, cuyo nombre real es Ricardo Téllez.
Dos días después, la JEP dará a conocer las primeras sentencias del macrocaso 03, en contra de 12 exmilitares del Batallón La Popa, acusados de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos en el norte del país entre enero de 2002 y julio de 2005, con un registro de 135 víctimas directas.
- Sanciones restaurativas
Aquellos que admitan su participación en los crímenes y colaboren con la verdad recibirán sanciones de tipo restaurativo, que implican restricciones pero no privación de la libertad, junto con trabajos orientados a la reparación en beneficio de las víctimas.
Para los “máximos responsables”, estas sanciones oscilan entre cinco y ocho años, mientras que para los demás, van de dos a cinco años.
En cambio, quienes no reconozcan su responsabilidad, incluso si la JEP cuenta con pruebas en su contra, serán sometidos a juicios adversariales y podrían enfrentar penas de prisión de entre 15 y 20 años.
- Supervisión de la ONU
Corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las sanciones restaurativas, las cuales serán vigiladas por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
En el caso de las Farc, los primeros proyectos restaurativos incluirán el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas, la reparación de la memoria histórica y la recuperación ambiental.
Por su parte, los exmilitares deberán participar en labores de reconstrucción de la memoria, fortalecer procesos comunitarios, garantizar la no repetición de los hechos y contribuir a la recuperación de espacios significativos para las víctimas.