El procurador expresó su rechazo a los recientes requerimientos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que solicitaban información relacionada con contenidos periodísticos y noticiosos.
La Procuraduría General de la Nación advirtió que, pese al retroceso en los requerimientos emitidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), aún persiste un posible riesgo de vulneración constitucional que podría afectar la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación.
El órgano de control informó que inició una actuación preventiva para examinar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud realizada por la CRC, la cual, según señaló, podría poner en riesgo principios fundamentales como la reserva de las fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista. Estos derechos están amparados por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política, así como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en las sentencias C-1177/01, T-391/07 y T-219/21.
En una comunicación enviada a la CRC, la Procuraduría señaló que el pronunciamiento emitido por la entidad tras la controversia no constituye una revocatoria del requerimiento inicial, ni aclara si la entrega de la información solicitada es de carácter voluntario u obligatorio. Esta ambigüedad, advirtió el Ministerio Público, mantiene un riesgo potencial para los derechos de los periodistas y de los medios de comunicación.
Además, la entidad subrayó que la solicitud de información editorial interna por parte de la CRC no está respaldada por sus funciones legales, lo que podría implicar una actuación más allá de sus atribuciones.
El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió recientemente al tema, advirtiendo que no permitirá que desde instancias oficiales del Estado se instauren prácticas que vulneren la libertad de prensa y la libertad de empresa.
Recalcó que dichos principios “se fundamentan en la libertad, la cual debemos proteger y preservar, porque es nuestra responsabilidad”.
Aunque la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) aseguró que su actuación correspondía a “una simple solicitud de carácter voluntario”, diversos gremios reiteraron la necesidad de anular el acto administrativo inicial.
La Comisión reafirmó que su solicitud tenía como objetivo identificar buenas prácticas en los medios de comunicación y verificar cómo se está garantizando la imparcialidad informativa, descartando cualquier propósito de censura o injerencia editorial.
No obstante, el documento original hacía referencia a posibles sanciones por incumplimiento, lo que ha generado una creciente ola de críticas por parte de medios de comunicación, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.