Si se debilita la confianza en la gestión fiscal del país, los inversionistas podrían pedir tasas de interés más elevadas para financiar al Gobierno.
Esta semana, el Gobierno nacional activó una cláusula especial que permite suspender temporalmente la regla fiscal. Aunque esta medida es legal, ha despertado preocupación por sus posibles repercusiones en la economía, el sector empresarial y los hogares colombianos. Expertos advierten que podría traducirse en mayores niveles de inflación, aumento en las tasas de interés y una caída en la inversión.
La regla fiscal actúa como un freno al gasto público, con el fin de evitar un endeudamiento excesivo del Estado. Al dejarla sin efecto, el Ejecutivo gana margen para aumentar el gasto, especialmente en programas sociales, obras de infraestructura y medidas de reactivación económica. Sin embargo, esta decisión ha generado inquietudes, ya que no ocurre en medio de una crisis sanitaria como la del COVID-19, cuando se suspendió por primera vez.
Según un análisis de la firma Russell Bedford Colombia, este movimiento podría provocar un encarecimiento del crédito, una posible devaluación del peso colombiano y un alza en el costo de vida. Olga Viviana Tapias, socia de impuestos de la firma, calificó la medida como riesgosa: “Hoy no enfrentamos una emergencia como la de 2020, por lo que esta decisión pone en entredicho la solidez de las finanzas públicas”.
Ya se sienten los efectos: sube el dólar, baja el petróleo y crece la presión inflacionaria
La reacción de los mercados fue inmediata. El dólar superó los $4.180, mientras que el precio del petróleo Brent cayó por debajo de los US$69, un escenario que añade tensión a la economía colombiana. Un dólar más alto encarece las importaciones, lo que puede traducirse en un aumento generalizado de los precios.
Por otro lado, si se debilita la confianza en la disciplina fiscal del país, los inversionistas podrían comenzar a exigir mayores tasas de interés para prestar dinero al Gobierno. Esto, a su vez, podría traducirse en créditos más caros tanto para las familias como para las empresas.
“Es importante que la ciudadanía comprenda que cuando el Gobierno incrementa el gasto sin un respaldo sólido, alguien tendrá que asumir ese costo: ya sea a través de más impuestos, precios más altos o recortes en programas sociales”, explicó Tapias.
¿Y qué implica esto para las empresas y el empleo?
En el corto plazo, un mayor gasto público podría estimular sectores como la construcción y los servicios, generando cierta actividad económica. Sin embargo, los riesgos a mediano y largo plazo no son menores: una menor confianza en el entorno económico, mayores barreras para acceder al crédito y un posible freno en la generación de nuevos empleos.
La suspensión de la regla fiscal puede interpretarse como una señal de debilitamiento en el compromiso con la disciplina fiscal, lo que podría desincentivar la inversión extranjera y limitar el crecimiento económico sostenido.
En los próximos días, el Gobierno tiene previsto presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se espera que aclare cómo y cuándo se restablecerá la regla fiscal. Mientras tanto, persiste la incertidumbre, con efectos que ya empiezan a notarse tanto en los mercados como en los hogares colombianos.