En diálogo con Blu Radio, Vera Grabe justificó el contrato argumentando que, incluso en medio de la pausa, la carga de trabajo aumenta. Aquí su declaración completa.
La estrategia de “paz total” del Gobierno Petro enfrenta múltiples obstáculos: ataques a la fuerza pública, una mesa con el ELN inactiva desde hace casi un año, negociaciones frágiles con disidencias y procesos urbanos que apenas emergen. Además, algunas comunidades han sido instrumentalizadas, lo que complica aún más el accionar de la fuerza pública. A pesar de este panorama, el presidente Gustavo Petro insiste en mantener abiertos los canales de diálogo en todos los frentes.
En medio de este contexto, el Secop registra cuatro contratos suscritos por Presidencia con negociadores de paz pertenecientes a la delegación oficial. Uno de ellos corresponde a Vera Grabe, quien firmó un contrato por 175 millones de pesos con una duración de siete meses, a pesar de que los diálogos con el ELN se encuentran congelados desde hace más de un año.
En entrevista con Blu Radio, Grabe defendió la contratación, argumentando que el trabajo no se detiene durante las pausas y que, al contar con una delegación reducida, ha debido asumir sola gran parte de la carga.
“La jefatura de la delegación del Gobierno nacional en el proceso de paz sigue activa. Ningún proceso de paz surge espontáneamente: requiere esfuerzos constantes de diálogo, envío y recepción de mensajes, atención a situaciones humanitarias, búsqueda de salidas para retomar la negociación y pedagogía en torno a la paz dialogada. Por eso, no debe sorprender que continúen los esfuerzos. Cuando hay suspensiones, no se tira la llave del diálogo; se buscan caminos para reabrirlo. Es una tarea difícil de entender y más aún de ejecutar en medio del conflicto, pero es el camino hacia la paz”, afirmó Grabe, exintegrante del M-19. También citó como ejemplo la labor realizada para lograr la liberación de dos soldados en Norte de Santander.
Los demás contratos registrados por el Dapre fueron firmados con Genny Calvo, Feliciano Valencia y Fabio Valencia, integrantes de la delegación del Gobierno en los diálogos con las disidencias de Andrey y Calarcá. Cada uno de estos contratos tiene un valor de 117 millones de pesos.