En un comunicado, Gaviria alertó que el presidente Gustavo Petro estaría implementando una estrategia para restringir la propiedad privada mediante decretos y resoluciones emitidos sin la participación de las autoridades locales ni la realización de estudios técnicos previos.
El expresidente César Gaviria, quien también dirige el Partido Liberal, denunció que más de 400.000 hectáreas en 40 municipios de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y La Guajira, junto con amplias áreas de la Sabana de Bogotá y 22 municipios del suroeste antioqueño, están siendo afectadas por medidas que, según él, equivalen a “expropiaciones indirectas”. Estas restricciones en el uso del suelo, afirmó, han provocado incertidumbre jurídica, depreciación de terrenos y la paralización de proyectos productivos en sectores como la minería, la agroindustria y la ganadería.
En un comunicado, Gaviria advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría implementando una estrategia para limitar la propiedad privada mediante decretos y resoluciones emitidos sin la participación de las autoridades locales ni la realización de estudios técnicos. Además, señaló que medidas similares han sido aplicadas en países como Venezuela, donde han tenido consecuencias negativas para la seguridad jurídica y la inversión extranjera. En contraste, destacó que en países como Chile, la minería es considerada un motor clave para el desarrollo económico y la transición energética.
Entre las principales medidas señaladas por Gaviria se encuentran las Zonas de Producción Prioritaria de Alimentos (ZPPAS) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAS), contempladas en el Plan de Desarrollo. Según el expresidente, estas iniciativas se han impuesto de forma rápida y tienen un impacto directo sobre sectores clave de la economía regional.
El caso más grave, indicó Gaviria, ocurre en Jericó (Antioquia), donde se encuentra el yacimiento de cobre más grande del país. En esta zona, la declaración de reservas temporales de recursos naturales renovables ha detenido el avance de la minería y ha puesto en peligro inversiones extranjeras de gran magnitud.
Además, el expresidente denunció la intención del Gobierno de designar áreas protegidas en Bogotá y en 39 municipios de la Sabana mediante la figura de “lineamientos ambientales”. Aunque esta medida fue suspendida por el Tribunal de Cundinamarca, Gaviria aseguró que el Ejecutivo insiste en su implementación “con o sin acuerdo”, lo que podría afectar proyectos esenciales como la ampliación del aeropuerto El Dorado, la autopista Norte, la avenida Boyacá y el Regiotram del Norte.
Finalmente, el expresidente criticó que se haya otorgado a las autoridades indígenas un poder de veto sobre proyectos de infraestructura y desarrollo, calificando estas acciones como “estrategias extorsivas”. Según Gaviria, estas decisiones representan un retroceso para la descentralización y la autonomía regional, por lo que hizo un llamado a alcaldes, gobernadores y diputados a proteger sus territorios respetando el marco legal.