En el juicio contra Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, la defensa y las víctimas presentaron relatos contradictorios. Las audiencias estuvieron marcadas por testimonios clave, grabaciones y notorias contradicciones entre las partes.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, entra en su fase final. Las audiencias han estado marcadas por intensos intercambios entre la Fiscalía, los representantes de las víctimas y la defensa del exmandatario.
En entrevistas concedidas a Sala de Prensa, los abogados Reinaldo Villalba —representante del senador Iván Cepeda— y Jaime Granados —defensor de Uribe— expusieron sus posiciones frente a un proceso judicial que ha generado amplio interés en la opinión pública.
Villalba aseguró que existen “pruebas claras” de que Uribe instruyó al abogado Diego Cadena para ejercer presión sobre testigos con el fin de desacreditar a Iván Cepeda e influir en decisiones judiciales. “Es así de claro: tras la autorización expresa de Álvaro Uribe, se volvió a ofrecer a Monsalve el recurso de revisión. Esa promesa constituye soborno a testigo en actuación penal”, afirmó.
Uno de los puntos centrales en la evidencia fue la visita al testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, realizada el 22 de febrero de 2018. Según Villalba, “se trató de una operación coordinada para presionar una retractación, incluyendo ofertas de beneficios judiciales y mejores condiciones en prisión”. Además, mencionó que desde Neiva, Carlos López, alias Caliche, también intentó influir en Monsalve, y que en las conversaciones con el congresista Álvaro Hernán Prada se pudo escuchar a Uribe en altavoz.
Por su parte, el abogado Jaime Granados reafirmó la inocencia del expresidente, argumentando que Diego Cadena actuó de manera independiente y sin autorización previa. “Cadena no informaba a Uribe ni en tiempo real ni antes de tomar acción. Lo que hizo fue reportado meses después, y en muchas ocasiones de forma incompleta o distorsionada”, afirmó.
Granados también puso en duda la credibilidad de Monsalve: “Fue contradicho por su padre y su hermano. Durante el juicio quedó claro que no conoce personalmente a Álvaro Uribe y que sus testimonios fueron inconsistentes”. Además, aseguró que una grabación clave fue “manipulada y editada”, eliminando más de siete minutos, lo que, según él, afecta su validez.
Respecto a las interceptaciones telefónicas obtenidas “por error” en otro proceso y utilizadas por la Corte Suprema, Villalba defendió su incorporación, afirmando que “la Corte ya determinó que son legales y que no existió intención de vulnerar derechos”. Por su parte, Granados argumentó que estas interceptaciones constituyen “una violación al derecho fundamental a la privacidad” y solicitó su exclusión por considerarlas ilegales.
En cuanto al desempeño de la jueza Sandra Heredia, ambos abogados expresaron respeto. Villalba confía en que “la sentencia se fundamentará en las pruebas, que resultan concluyentes”, mientras que Granados destacó la conducción “serena y eficiente” del proceso.
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