En Valledupar, durante dos jornadas, se realizaron las audiencias de verificación de las propuestas de sanción y aportes a la verdad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se acerca a la imposición de su primera sanción significativa contra agentes del Estado por crímenes de guerra.
En Valledupar se lleva a cabo la audiencia de verificación previa a la histórica sentencia contra 12 ex miembros del Batallón La Popa, quienes reconocieron su responsabilidad en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales.
Estos comparecientes no enfrentarán penas privativas de la libertad, sino que cumplirán sanciones propias del sistema de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz de 2016. Estas medidas restaurativas, desarrolladas con la participación activa de las víctimas, están orientadas a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social y la garantía de no repetición.
La magistrada Ana Manuela Ochoa, responsable del caso, señaló que se han acordado nueve propuestas de proyectos:
“Somos conscientes de que la capacidad de reparación es limitada, pero estas iniciativas dignifican a las víctimas y representan un avance significativo hacia la verdad”.
Las sanciones contemplan desde la construcción de mausoleos conmemorativos hasta la creación de centros de sanación indígena, escuelas de saberes ancestrales y programas de productividad orientados a las víctimas.
Una de las iniciativas más destacadas es la construcción de un mausoleo en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar, lugar donde se han exhumado al menos 287 cuerpos sin identificar. Este proyecto contará con el respaldo de la Gobernación del Cesar, la Diócesis de Valledupar y la Alcaldía.
“El propósito no es crear monumentos inútiles”, afirmó Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP. Todas las obras han sido revisadas y aprobadas desde los aspectos técnicos, legales y financieros. De las 117 propuestas iniciales, se seleccionaron 11 que incluyen ejes relacionados con la memoria, la sanación, la infraestructura comunitaria y el fortalecimiento económico.
Entre los proyectos más relevantes se encuentra un centro de armonización para el pueblo Kankuamo, ubicado en el resguardo indígena de La Mina, así como otro para el pueblo Wiwa, con el objetivo de fortalecer su identidad cultural.
Además, se construirán casas culturales, como la del Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, y se promoverán iniciativas productivas bajo el lema “Sembradores de amor y paz”.
La ejecución de estos proyectos cubrirá 14 municipios del Caribe colombiano y dos más en Cundinamarca, zonas donde se concentran hechos, víctimas y exmilitares involucrados.
La lectura de la sentencia está programada para las próximas semanas, según confirmó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.
Este fallo representará un momento histórico: el inicio formal de la fase sancionatoria de la justicia transicional en casos de crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública.