La administración distrital habría registrado una pérdida patrimonial superior a los $3.500 millones en contratos financiados con recursos del Presupuesto Participativo.
En el marco de la audiencia de formulación de acusación contra varios exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín, investigados por presuntos actos de corrupción, la justicia adoptó decisiones relevantes respecto al rol del distrito en el caso.
El juez del proceso aceptó la petición de la Fiscalía de reconocer a la Alcaldía de Medellín como víctima. Esta decisión se da en el proceso que involucra a la exdirectora del Inder, Diana Toro; a los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Lievano Ospina y María Eugenia Domínguez; y al representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logística S.A.S., Mauricio Jaramillo.
La solicitud fue aceptada considerando que, según la Fiscalía, las presuntas irregularidades en los procesos contractuales financiados con recursos del Presupuesto Participativo habrían generado un detrimento patrimonial para el distrito, estimado en más de 3.500 millones de pesos. Así lo manifestó la fiscal encargada durante la audiencia.
“En este caso, sí se configuran como víctimas, ya que existe un daño concreto y específico”, afirmó la representante de la Fiscalía.
Explicó que fue el distrito de Medellín quien aportó los recursos entregados al Inder, destinados a cumplir con objetivos comunitarios en diversas comunas de la ciudad.
El juez también estableció que no solo el Inder y Metroparques, actuando en representación de la Alcaldía, podrán ser reconocidos como víctimas en este proceso. Cualquier otra entidad que en el futuro demuestre haber sido afectada por las presuntas irregularidades —que habrían consistido, principalmente, en la selección privada de ciertas empresas para procesos de contratación que debieron ser públicos— podrá solicitar esta misma condición.
“El reconocimiento como víctima para el Inder, Metroparques y la Alcaldía de Medellín no impide que otras entidades, como por ejemplo la Contraloría General de la República, puedan acreditarse y postularse si consideran haber sufrido un perjuicio”, explicó el juez.
Durante la audiencia realizada el 16 de mayo, el despacho judicial decidió suspender la sesión y reprogramarla para el próximo 14 de agosto, debido a que las intervenciones de las defensas de los acusados excederían el tiempo originalmente estimado.
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