La declaratoria fue emitida por la magistrada Catalina Díaz, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
Esta decisión se origina en una solicitud presentada por diversas organizaciones de víctimas, entre ellas CREDHOS, CAJAR, la USO, la ACVC, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el SAAD. Estas entidades documentaron los profundos impactos ambientales, sociales y simbólicos que el conflicto armado ha causado sobre el río Magdalena.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfocó su análisis en los hechos ocurridos durante la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2001. En este subcaso, “han sido acreditadas 343 víctimas, incluyendo siete sujetos colectivos. Además, se han recibido 25 versiones juradas de exmiembros de la Fuerza Pública, exparamilitares y un exalcalde de la ciudad”, detalló la magistrada Catalina Díaz.
Uno de los hallazgos más significativos es el uso del río Magdalena como lugar de desaparición forzada. De acuerdo con el fallo, al menos 320 cuerpos fueron arrojados a sus aguas por grupos armados desde 1942. “Esta práctica dejó una huella profunda en las comunidades ribereñas, que pasaron de cuidar el río a resignarse ante el horror de ver cómo los cadáveres eran lanzados a sus aguas, siendo testigos silenciosos de los crímenes que allí se cometían”, subrayó la magistrada Díaz.
“La Sala reconoce al río como víctima directa del conflicto armado, afectado no solo en lo ambiental, sino también en lo cultural y espiritual”, declaró la magistrada Díaz.
La JEP también dispuso medidas de protección y reparación, vigentes desde noviembre de 2019, en el marco de un enfoque que reconoce a la Naturaleza como víctima del conflicto. Este caso comprende zonas del Cesar, La Guajira, Antioquia y el Magdalena Medio, donde ya se han identificado más de 1.200 víctimas, entre ellas comunidades afrodescendientes, campesinas y mineras.
El reconocimiento del río Magdalena como víctima del conflicto armado constituye un elemento central en la investigación del Subcaso Magdalena Medio.
Este reconocimiento también abre la puerta a incluir en el proceso judicial el análisis de los impactos ambientales y culturales que el río sufrió en el marco de los hechos investigados por la JEP.