El presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros están avanzando en estrategias para apoyar la campaña del sí en respuesta a la consulta popular, y las redes sociales han jugado un papel clave en este proceso.
Este fin de semana, las cuentas oficiales del Ministerio del Interior compartieron publicaciones relacionadas con la consulta digital, con el objetivo de recopilar propuestas de la ciudadanía para apoyar el proceso.
En ese contexto, el diario El Espectador publicó este domingo 6 de abril un informe especial en el que menciona a 18 activistas e influenciadores cercanos al Gobierno de Petro en redes sociales, quienes firmaron contratos por más de $700 millones en 2025.
El informe destaca que, entre el 2 y el 4 de abril, un centenar de cuentas publicaron en X utilizando el hashtag #ConsultaPopularSí. Un ejemplo de esta actividad fue el 18 de marzo, cuando el presidente instó a sus seguidores a respaldar la reforma laboral rechazada, y varias cuentas que usaron el hashtag #ALasCallesEstel8 lograron un alcance de 2,25 millones en esa misma red.
Los perfiles, además de interactuar y difundir contenido de las cuentas oficiales de los ministros y altos funcionarios, también pertenecen a ciudadanos que actualmente tienen contratos con el Estado.
Según el informe, estas personas mantienen vínculos contractuales con varias entidades del Estado, como los ministerios de Salud y Minas, el Departamento de Prosperidad Social, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), RTVC, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Dane.
Tras un análisis y monitoreo, El Espectador destacó algunas cuentas como las de Levy Rincón (@LevyRincon) y Walter Rodríguez (@MeDicenWally), conocidos por su activismo digital y por su espacio en RTVC titulado ‘Política al revés’. También se mencionó a David Rozo (@DonIzquierdo), quien tiene un contrato vigente de $11 millones.
En el caso de Cielo Rusinque, se destacan al menos tres influenciadoras. La primera es Laura Beltrán (@smilelalis), con un contrato de $133 millones. También está Diana Marcela Portilla (@Nome-tiente2), quien posee un contrato de $42 millones y, por su activismo digital, se enfrenta judicialmente al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.
El informe agrega que Valentina Gutiérrez Araújo (@Valentinarauj18), otra influenciadora, tiene un contrato de $39 millones con la SIC, además de otros contratos con el Ministerio del Interior y el DPS por $28 millones y $36 millones, respectivamente.
También se mencionan a Elizabeth Ortiz (@Elizbeth-Cris7), quien tiene contratos en los ministerios de Salud y Minas por $46 millones y $114 millones, respectivamente; Laura Julieth Martínez (@LaJulie-taMM), contratada por la UNGRD con un contrato de $101 millones; y Urias Velásquez (@Uriasv), con un contrato de $157 millones en el SENA.
En su informe, El Espectador detalló que estas cuentas, de manera coordinada, difunden mensajes e información positiva sobre el Gobierno y participan en confrontaciones con influenciadores de otras ideologías. Aunque aclararon que no es exclusivo de este sector político, señalaron que en este caso el Gobierno de Petro sí destina recursos para contratar a estos influenciadores.
#PolíticaEE | El 18 de marzo, mientras el petrismo movía #ALaCalleEste18 con 2,25 millones de impresiones, la oposición impulsaba #PetroYoNoMarcho llegando solo a 327.000, mostrando una clara ventaja en la batalla digital 👇🔗https://t.co/qqOFJkV5ca
— El Espectador (@elespectador) April 6, 2025
Basándose en esto, el diario realizó un seguimiento utilizando diversas herramientas de monitoreo de conversaciones en entornos digitales, como redes sociales, y destacó la disputa entre ambos sectores políticos por la mayor difusión de sus mensajes.
“Más allá de la competencia por likes y mensajes compartidos, se trata de un enfrentamiento por el control de los discursos en las redes sociales. Un claro ejemplo de esto ocurrió el 18 de marzo, cuando se llevó a cabo la primera movilización tras el llamado del presidente Petro a la consulta popular, cuyas preguntas llegarían al Senado a mediados de abril. Si se aprueba, la consulta se realizaría entre octubre y noviembre, con un costo de más de $600.000 millones solo por la convocatoria a las urnas, sin contar la campaña”, aseguró el informe.
Para ilustrar esta disputa, se destacaron dos hashtags: #ALaCalleEste18, promovido por el peronismo, y #PetroYoNoMarcho, utilizado por la oposición.
Varios sectores cercanos al petrismo han respaldado estas estrategias, incluido Gustavo Bolívar, especialmente al considerar que las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación del presidente para expresar sus ideas, dar respuestas y emitir órdenes en diversas situaciones.
“En una investigación reciente, El Espectador reveló que, solo en 2024, el Gobierno contrató más de $63.508 millones en temas relacionados con publicidad a través de las tres principales centrales de medios, que son canales públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé. Si se suman todos los gastos en propaganda desde el 7 de agosto de 2022 hasta enero de 2025, el total alcanza los $131.535 millones“, destacó el informe.
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