Se incorporaron a la investigación funcionarios de la Imprenta Nacional, así como de los ministerios del Interior, Educación y Cultura.

La Procuraduría General de la Nación decidió ampliar el alcance de la investigación relacionada con el controvertido convenio suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la producción y expedición de pasaportes en Colombia.
Además de la investigación que ya cursa contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el Ministerio Público abrió nuevas indagaciones a varios funcionarios vinculados a la Imprenta Nacional y a los ministerios del Interior, Educación y Culturas.
Según confirmó la Procuraduría, entre los nuevos implicados de la Imprenta Nacional se encuentran el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez, la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora, así como los integrantes de la junta directiva de la entidad.
También serán objeto de indagación los delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; del Ministerio de las Culturas, Luis Alberto Sanabria; del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio; y Ricardo Arque Benavides, representante del Departamento Administrativo de la Presidencia.
La Procuraduría informó que la Sala Disciplinaria de Instrucción evaluará si la Imprenta Nacional incurrió en omisiones al no adelantar un proceso de selección, limitándose únicamente a recibir capacitación, realizar pagos presupuestales por la prestación del servicio y subcontratar, a pesar de no contar con la capacidad técnica para cumplir con los términos del convenio.
Adicionalmente, el Ministerio Público investigará la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros componentes del acuerdo y posibles irregularidades en el actuar de la junta directiva de la Imprenta Nacional, que habría aprobado diversas proposiciones relacionadas con la firma del convenio.